Grecia asegura que no habrá retrasos en la nueva visita de la troika

El Gobierno griego mantiene que no habrá retrasos en la nueva visita de la misión de la troika a Grecia, prevista para inicios de la próxima semana, a pesar de que fuentes europeas habían dicho que los representantes de los acreedores no viajarán hasta que se clarifiquen algunos aspectos.

Una fuente del Ministerio de Finanzas explicó a Efe que la reunión entre representantes de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el titular económico del Gobierno heleno, Yannis Sturnaras, tendrá lugar el próximo martes tal y como estaba previsto.

Hace un mes, los jefes de misión de la troika y los técnicos abandonaron Grecia para dar tiempo al Ejecutivo que preside Andonis Samarás para avanzar en ciertas medidas exigidas y tenían previsto retomar los contactos en Atenas a partir de la próxima semana.

Sin embargo, un portavoz de la CE aseguró ayer que estos contactos podría retrasarse debido a que algunos temas no se han aclarado lo suficiente.

"La troika estará en condiciones de reanudar la misión de revisión en Atenas una vez que haya recibido la información suficiente de las autoridades griegas como para poder mantener conversaciones políticas significativas en persona", señaló hoy a Efe el portavoz de la CE en Atenas, Carlos Martín.

El primer ministro y su socio de coalición, el socialdemócrata Evángelos Venizelos, llevan desde este miércoles celebrando reuniones a dos bandas y con otros ministerios a fin de ultimar algunas medidas fiscales y otros de los puntos exigidos por la troika a cambio del próximo tramo de ayuda por 1.000 millones de euros.

Una de las medidas que más fricciones está generando dentro del propio Gobierno es la ley que contempla la unificación de los impuestos sobre los bienes inmuebles a partir de 2014, que debería votarse durante la próxima semana.

La ley, acordada en principio ya el verano pasado, todavía no ha sido aprobada y en los últimos días han surgido problemas internos en torno a la ampliación de los casos en los que se aplicará este impuesto a los terrenos agrícolas, hasta ahora exentos.

Un grupo de 70 diputados conservadores, en su mayoría elegidos en circunscripciones rurales, se mostraron en contra de la propuesta de Sturnaras de incluir ciertas edificaciones agropecuarias en las propiedades a tasar.

La ley pretende recaudar 3.500 millones de euros durante el próximo año, de los que 2.200 procederán de la imposición a propiedades urbanas y el resto de las agropecuarias.

Pero el Ministerio tampoco tiene mucho margen de maniobra a la hora de modificar la tasación en las ciudades ya que esta posibilidad ha provocado protestas de asociaciones de propietarios, notarios y otros profesionales que se quejan de que el sector agropecuario disfruta de menor presión fiscal que los sectores urbanos.

En las elecciones de junio del pasado año, el voto rural fue clave para el triunfo del partido conservador Nueva Democracia, que logró apenas tres puntos porcentuales más que la principal formación opositora, la izquierdista Syriza.