Izquierda Plural, UPyD, Amaiur y ERC rechazan el Proyecto de ley de cajas

El grupo Izquierda Plural, UPyD, Amaiur y ERC han presentado hoy enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley de cajas y fundaciones bancarias, que el pasado 7 de junio recibió el visto bueno del Consejo de Ministros.

En la norma se establece que las cajas que ejerzan su actividad mediante un banco o las que tengan una participación en una entidad de crédito de al menos un 10 % deberán transformarse en fundaciones bancarias antes de finales de 2014.

Además, la norma, que da cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Memorándum de Entendimiento (MOU), incluye un nuevo marco jurídico para las cajas, que volverán a su actividad natural, centradas en el negocio minorista y en su ámbito territorial.

En aquel momento, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que la norma "en ningún caso" prevé la "dilución de las cajas" y sí la mejora de sus órganos de gobierno corporativo, una mayor profesionalización e independencia respecto de los poderes políticos.

Hoy expiraba el plazo para presentar las enmiendas a totalidad al texto. El próximo 15 de octubre finaliza el periodo para las enmiendas al articulado.

En el texto de rechazo del proyecto de ley, Izquierda Plural critica que con esta norma "se certifica el desmantelamiento" de las cajas, que no garantiza la viabilidad del sistema financiero y que puede suponer "el tiro de gracia para la obra social".

Así, demanda una banca pública, vinculada a políticas sociales y económicas, con directivos elegidos democráticamente y con salarios limitados, y propone que no se transferirán ayudas a ninguna entidad hasta que se realice una auditoría que permita establecer un plan de saneamiento efectivo.

También propone que la nueva banca pública tenga como objetivo proporcionar crédito a familias y empresas, lo que implica definir un modelo de gestión distinto al de las cajas, que tenga en cuenta criterios sociales y de financiación de la economía productiva eficaces.

Por su parte, UPyD explica que el rechazo al texto se debe a que el diseño que se propone para las cajas solo retoca el anterior, lo que conlleva el riesgo de que se vuelvan a producir los errores del pasado.

Además, critica que las medidas que se proponen para mejorar la estructura del gobierno corporativo, evitar la politización de las entidades y su control por las administraciones territoriales son "insuficientes".

UPyD también denuncia que la norma "resulta igualmente rechazable" por los aspectos que se olvidan y dice que "no resulta socialmente aceptable" que "los responsables de hundir estas entidades" hayan recibido indemnizaciones multimillonarias.

Así, dice que es preciso revisar extraordinariamente con carácter retroactivo -a partir del 1 de enero de 2008- las cláusulas indemnizatorias de los altos cargos de las entidades con ayudas.

En cuanto a las participaciones preferentes, UPyD dice en su enmienda a la totalidad, que sigue sin haberse resuelto adecuadamente este problema y que el Gobierno debiera dotar a la CNMV de los medios extraordinarios precisos para revisar todas las operaciones de comercialización posteriores al 1 de enero de 2008.

Amaiur argumenta que analizados los contenidos principales de la Ley, y ante las consecuencias económicas, financieras y sociales de los mismos, se reafirma en la necesidad de contar con un ámbito vasco de decisión que evite que sea impuesto un modelo social, político, económico y financiero ajeno al País Vasco.

ERC también ha presentado hoy su enmienda a la totalidad, en la que además de demandar una banca pública, ha criticado que la norma, se ha llevado a cabo partiendo de un diagnóstico erróneo y proponiendo medidas que ahondan en las políticas que han llevado a las cajas a la situación actual.

"Lejos de asumir el error que supuso la liberalización y bancarización de las cajas, fulminando su propia esencia y finalidad, se hace culpable a buena parte de estas entidades de comprometer gravemente la estabilidad financiera del Estado", y una vez más, sin tener en cuenta el ámbito competencial de las comunidades autónomas.