Populares y socialistas del PE discrepan sobre la influencia del lobby tabaquero

Los principales partidos del Parlamento Europeo discreparon hoy sobre la influencia del "lobby" del sector tabaquero durante el proceso de aprobación de la nueva directiva del tabaco, la controvertida propuesta legislativa que se votará el 8 de octubre en el pleno de la Eurocámara.

Los socialistas europeos critican el retraso de la fecha del voto y lo achacan a una estrategia del sector tabaquero para rebajar el nivel de exigencia del texto, mientras que el grupo popular rechaza que este "lobby" haya logrado una influencia mayor que la que habitualmente ejercen otros grupos de presión sobre Bruselas.

"En todos los sectores hay lobbismo a favor y lobbismo en contra" dijo a Efe el portavoz del grupo del PPE en la Eurocámara, Pedro López de Pablo, quien rechazó "la visión según la cual unos grupos de presión son considerados buenos y otros son malos".

El portavoz se pronunció así sobre las críticas realizadas en este sentido por el Partido Socialista Europeo, y sobre la publicación de documentos internos de la tabaquera Philip Morris, en los que la multinacional tenía "fichados" a los eurodiputados en función de su posición ante la directiva de tabaco.

El portavoz precisó que el día de la votación "no fue retrasado como afirmó McAvan (Linda, eurodiputada socialista británica autora del informe sobre la directiva), sino acordado en la conferencia de presidentes" de la Eurocámara, y negó que esta fecha final pueda facilitar la introducción de nuevas modificaciones en el texto.

En cambio, para el eurodiputado socialista Andrés Perelló "no había ninguna razón procedimental" que justifique que la votación en el pleno "tenga lugar un mes más tarde de lo inicialmente propuesto", según dijo en declaraciones a Efe.

"Después de todo lo que he visto, entiendo que las presiones han surtido efecto", añadió Perelló, uno de los eurodiputados que aparecían "marcados en rojo" en el antes citado documento interno de Philip Morris.

Perelló "ya conocía" la existencia de ese listado, que a su juicio "rebasa las líneas de lo que se puede hacer" al constituir "una falta de respeto flagrante al trabajo de los eurodiputados".

El eurodiputado afirmó que ha sido objeto de "presiones" del sector tabaquero "como nunca las había sufrido de otros lobbies", y añadió que "las seguirá habiendo sobre la gente que se muestra influenciable".

Estas presiones consistieron principalmente en un "bombardeo" de correos y solicitudes de reuniones por parte representantes sindicales y de diputados de las regiones españolas con más cultivos de tabaco (Extremadura y Andalucía), así como en una "ofensiva" del sector estanquero, explicó Perelló.

Por su parte, el portavoz de la cámara comunitaria, Jaume Duch, señaló que el contacto con eurodiputados es habitual por parte de lobbies "en favor de todo tipo de causas", y añadió que esto "no quiere decir que esos diputados vayan a modificar su posición", al ser preguntado por Efe sobre el tema.

La posición de los eurodiputados ante una votación "se fija casi siempre a nivel de grupo parlamentario y el nivel de disciplina interna es particularmente alto", explicó Duch, quien recordó que el código de conducta aprobado del PE "regula de manera muy estricta las relaciones entre diputados y grupos de interés".

Los socialistas y el PPE también divergen en cuanto al contenido de la nueva directiva del tabaco, ya que los primeros defienden la introducción de medidas más ambiciosas mientras que los segundos pretenden rebajarla para garantizar que sale adelante.

Los socialistas apuestan por aumentar el tamaño de los mensajes de advertencia sanitaria en las cajetillas y por mantener la prohibición de los cigarrillos mentolados, una posición "equilibrada" y centrada en reducir la captación de nuevos fumadores, según Perelló.

Los populares, en cambio, piden reducir los mensajes disuasorios hasta el 50 % de la superficie de los envases, permitir la venta de cigarrillos "slim" (delgados) o posponer la prohibición del uso de mentol.

El objetivo es consensuar un texto que pueda obtener el respaldo de los Veintiocho en primera lectura y evitar así un retraso en las negociaciones que ponga en peligro su aprobación, según dijeron fuentes de la delegación española del PP.