PwC dice que su actuación fue correcta y se opondrá a la petición del fiscal

La auditora PwC considera "absolutamente correcta y ajustada a derecho" la actuación de sus socios en la venta de la división de consultoría a IBM en 2002 y se opondrá a la petición del fiscal de juzgar a 61 de ellos por delitos fiscales.

En un comunicado, PwC reacciona así al escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy la apertura de juicio oral a 61 socios de la auditora, incluido su expresidente Miguel Fernández de Pinedo, a los que acusa de defraudar 40 millones de euros a la Hacienda estatal y a la de Vizcaya.

Según el fiscal, los socios de PwC incluyeron como parte del precio de venta de la división de consultoría lo que en realidad eran 'bonus' recibidos por su trabajo en la firma, tributando mucho menos de lo que les correspondía.

Anticorrupción añade además en el escrito registrado hoy en la Audiencia Nacional que PwC disfrazó la venta como una operación de reestructuración empresarial, transmitiendo a los socios las participaciones de la división de consultoría, de modo que fueron éstos y no la sociedad los que formalmente la vendieron a IBM.

En el comunicado hecho público esta tarde, la auditora señala que "no ha habido ocultación ni defraudación alguna" y que todas las cantidades fueron declaradas, y afirma que la Hacienda foral de Vizcaya ya ha anunciado que no formulará acusación.

Sobre los argumentos del fiscal, PwC dice que la reestructuración societaria "no fue una operación ficticia (...) con el objetivo único de eludir impuestos, sino una operación real (...) y, por lo tanto, se acogió a los beneficios fiscales correspondientes".

Tras recordar que la estructura resultante de la operación "es la misma que está hoy vigente", la auditora sostiene que ésta era necesaria "para posibilitar el funcionamiento operativo de los negocios y, además, una eventual segregación del negocio de consultoría de sistemas, de la que ya se había comenzado a hablarse en aquellas fechas en todo el mundo".

"El proceso fue público y transparente: se comunicó a los clientes y al mercado, a Hacienda, se hizo ante notario, se inscribió en el Registro Mercantil, se publicó en el BOE y en la prensa", dice PwC, que recuerda que la Administración Tributaria no hizo "ninguna observación ni solicitud de información o aclaración" durante el plazo de prescripción de cuatro años.

En cuanto a la cantidad de 20,9 millones percibida por los socios, que según la Fiscalía era un 'bonus' sin relación con la venta de la división de consultoría, la auditora afirma que se trató de una "compensación" por la pérdida de ésta, "ya que entonces este negocio en nuestro país era uno de los dos que más había crecido en el mundo".

"Los socios tributaron por dicha compensación como un incremento de patrimonio -y no como rentas del trabajo-, puesto que no correspondía a servicios laborales prestados ni a beneficios de PwC España", concluye la auditora.

Anticorrupción pide penas de entre 2 años y 14 años y diez meses de prisión para los 61 socios a los que acusa, correspondiendo las penas más elevadas, además de a Fernández de Pinedo, a José María Tajadura Garrido -entonces administrador de solidario de PWC Consulting-; y a César Rodríguez Ramos -que fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC-.

También solicita multas que, en el caso de los tres anteriores, superan los 102 millones de euros.