Rivero y los cabildos piden unidad frente a Repsol y a su "empleado del año"

El Gobierno canario y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han llamado hoy a las instituciones y colectivos sociales de las islas a mantenerse unidos en el "no" a los sondeos petrolíferos, para hacer frente a Repsol y a "su empleado del año", como han definido a José Manuel Soria.

"La unidad de Canarias vale más que todo el petróleo del mundo. No hay petróleo que valga tanto como la cohesión de este pueblo", ha sentenciado el presidente Paulino Rivero (CC), antes de advertir de que los "canarios de Tenerife, La Palma o La Gomera no pueden permitirse pensar que esto solo afecta a Lanzarote y Fuerteventura".

Para escenificar esa unidad que aboga por mantener hasta el final de una lucha que augura "larga y dura", Rivero ha comparecido acompañado por los presidentes de los cabildos de las dos islas más cercanas a los puntos de sondeo, Mario Cabrera, de Fuerteventura, y Pedro San Ginés, de Lanzarote (ambos de CC), y del vicepresidente regional y secretario general del PSC-PSOE, José Miguel Pérez.

Los cuatro han procurado además reforzar ese mensaje que lanzan hoy, a dos semanas de que se cierre el periodo de alegaciones al informe de impacto ambiental aportado por Repsol, presentándose ante los medios en una sala donde había representantes de partidos como IU y Equo, de las principales organizaciones ecologistas y la coordinadora ciudadana Antipetróleo.

Rivero ha subrayado que su "no al petróleo" parte de una convicción "de fondo", expresada en su determinación de que no se "ponga en peligro" las riquezas medioambientales de Canarias ni "se hipoteque" la industria turística del archipiélago para que "una multinacional se aproveche de los recursos naturales" de las islas.

El presidente canario ha recordado que el Parlamento autonómico, los cabildos de las dos islas más cercanas a la zona del Atlántico donde se buscarán los hidrocarburos, todos sus municipios, 22 de sus 26 cofradías de pescadores y varios partidos y colectivos se oponen.

"¿Qué mayor expresión de rechazo esperan?", se ha preguntado Rivero, que ha vuelto a denunciar que un hipotético vertido de petróleo pondría en riesgo el suministro de agua de las islas que dependen de la desalación y una actividad, el turismo, que "genera en Canarias 12.000 millones de euros de PIB y 350.000 empleos".

El presidente canario ha contrapuesto además la actitud que mantiene el Gobierno central en este caso con la que defiende en la costa mediterránea, donde, a pesar de que los sondeos han sido validados por el Tribunal Supremo, ha asumido el compromiso de no llevarlos adelante sin el consenso de las instituciones regionales.

"La vara de medir para Canarias es diferente. A nosotros nos los imponen", ha añadido Rivero, antes de tachar de "colonial" el trato que el archipiélago recibe en este asunto por parte del Estado.

Los cuatro representantes institucionales se han referido personalmente a Soria, ministro de Industria y presidente del PP de Canarias, para pedirle que guarde las distancias entre las distintas partes en litigio y deje de comportarse "como parte interesada".

Mario Cabrera ha ido más allá y ha definido a Soria como "empleado del año de Repsol", porque, desde su punto de vista, pocos empleados puede encontrar la compañía petrolífera española que haya servido "con más eficacia" a sus intereses que el ministro canario.

"Cuando hemos pedido explicaciones al Gobierno de España, nos contesta Repsol; cuando se las pedimos a Repsol, nos contesta el Ministerio. Están claros los vasos comunicantes", ha añadido.

El vicepresidente Pérez, del que depende el área medioambiental del Gobierno canario, ha defendido que el estudio de impacto presentado por Repsol no merece tal nombre, sino que más bien es una "guía de prospecciones que sirve para cualquier lugar del mundo" y que, a su entender, incurre en múltiples irregularidades.

Pérez ha adelantado que el Gobierno canario defenderá ante el Supremo -donde hasta ahora todas sus peticiones de suspensión cautelar de los sondeos han fracasado- que la autorización concedida por el Consejo de Ministros a Repsol es ilegal desde su inicio y que la compañía oculta información relevante.

A este respecto, el presidente del Cabildo de Fuerteventura ha apuntado una acusación: la de que, supuestamente, Repsol habría ocultado un informe realizado para la propia compañía en 2004 en el que se señalan los riesgos que entrañarían los sondeos en Canarias.

Las tres instituciones han precisado, además, que ninguna de ellas ha formulado aún sus alegaciones, en contra de lo que ha dicho la Delegación del Gobierno, sino que el Ejecutivo canario y el Cabildo de Lanzarote solo han presentado sendas denuncias de fallos en el estudio de impacto y han pedido una ampliación de los plazos.