Miembros de la PAH ocupan una sucursal del Banco CEISS en Burgos

Varias decenas de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, encabezados por su presidenta nacional, Ada Colau, han ocupado hoy una sucursal del Banco CEISS, de la antigua Caja Duero, en la avenida del Cid de la capital burgalesa.

Los participantes en la protesta han accedido al interior de la sucursal a las diez de esta mañana para pedir que el banco nombre un negociador único para los 300 procedimientos de desahucio que aseguran que tiene en marcha en Castilla y León en diferentes grados de resolución.

Solicitan también la paralización de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de la entidad, que acepte la dación en pago para todos los afectados y que ponga a disposición de las personas que se han quedado sin vivienda alquileres sociales de los inmuebles que son propiedad del banco.

En declaraciones a Efe, Ada Colau ha insistido en que la administración general del Estado "sigue legislando a favor de las entidades financieras y no ha hecho nada para evitar los desahucios y los abusos de estas entidades".

En su opinión, el hecho de que no haya una ley clara hace que los jueces tengan que resolver cada caso "según su interpretación de la normativa europea", lo que da lugar a arbitrariedades.

Por esta razón, ha pedido una ley estatal clara que favorezca a los hipotecados y una mayor implicación de las administraciones locales y autonómicas "que tienen mucho que decir para empujar a que el parque de viviendas vacías se convierta en un parque de viviendas en alquiler social".

Colau ha recordado que ya se han dado algunos pasos en esta dirección por parte de algunos ayuntamientos y de comunidades como Andalucía y Navarra, aunque "falta mucho para que se generalicen este tipo de medidas".

De hecho, ha advertido de que la salida alternativa será la "desobediencia civil" y ha apuntado que se puede generalizar la "recuperación" de viviendas vacías para que las usen familias desahuciadas.

Ha asegurado que en este momento ya hay 13 inmuebles propiedad de entidades financieras que han sido "recuperados", en los que ahora residen 600 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.