El CIADI declara ilegales las expropiaciones de Venezuela a ConocoPhillips en 2007
![El Gobierno venezolano nacionalizó parte de los activos de ConocoPhillips tras decidir en 2007 operar en forma de empresas mixtas con las petroleras que trabajan en Venezuela, un marco en el que el control mayoritario estaría en manos gubernamentales, algo que la compañía rechazó para recurrir al litigio internacional. EFE/Archivo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/VCMGWSKAOVIFFG66Q3BEWNC5RA.jpg?auth=b955a56378c3832286e13266c3620bc20794a08117785e099c7b6333b4cfa16b&width=414)
El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM) declaró hoy ilegal la expropiación por el Gobierno venezolano de tres campos a la petrolera estadounidense ConocoPhillips en 2007.
"Venezuela no cumplió con su obligación de negociar de buena fe a fin de determinar la compensación debida por su expropiación de los activos de ConocoPhillips en los tres proyectos en función del valor de mercado", dictaminó el tribunal de arbitraje del organismo internacional en su sentencia.
De este modo, sanciona como ilegales las expropiaciones del Gobierno venezolano en 2007 en los campos de Hamaca y Petrozuata (dentro de la Faja del Orinoco) y el proyecto costas afuera Corocoro (en el golfo de Paria), acordados en la década de 1990 dentro del programa de apertura petrolera del país lanzado para atraer inversiones extranjeras.
Asimismo, el CIADI reconoce su jurisdicción sobre el caso.
"Damos la bienvenida a la decisión del tribunal. Esta sentencia envía un claro mensaje a los países de que no pueden expropiar sus inversiones sin una compensación justa", valoró Janet Langford, la vicepresidenta legal de la petrolera en un comunicado.
Pese al fallo del CIADI, el proceso de arbitraje ahora continuará para determinar la compensación que se le exigirá a Caracas.
El Gobierno de Caracas nacionalizó parte de los activos de ConocoPhillips tras decidir en 2007 operar en forma de empresas mixtas con las petroleras que trabajan en Venezuela, un marco en el que el control mayoritario estaría en manos gubernamentales, algo que la compañía rechazó para recurrir al litigio internacional.
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