El Gobierno luso busca medidas para ahorrar 900 millones por una ley anulada

El primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, afirmó hoy que estudia medidas alternativas para el ahorro de los 900 millones de euros previstos en una ley declarada ilegal por el Tribunal Constitucional luso.

El jefe del Ejecutivo dijo que analiza la decisión judicial hecha pública ayer y aún no tiene alternativas planeadas, pero descartó una subida de impuestos por considerar que el país "no aguanta" más carga fiscal, que se ha disparado en los últimos años.

"Hay siempre otras medidas que se pueden encontrar, que pueden no ser tan justas o tan eficaces", señaló en declaraciones a periodistas.

La ley ilegalizada, que pretendía disminuir el peso de los funcionarios (actualmente unos 600.000, el 13 % de la población activa lusa), facilitaba la salida de empleados públicos a la espera de ser recolocados y permitía un ahorro en las arcas públicas de unos 900 millones de euros en tres años, hasta 2015.

El Gobierno quiere estudiar "exactamente" cuáles son las objeciones del alto tribunal para "corregir los fundamentos de inconstitucionalidad" de la norma.

Passos Coelho espera que la lectura del tribunal no sea "demasiado restrictiva" porque, de lo contrario, dificultaría futuras medidas en el mismo ámbito y el país debería enfrentarse al "calvario" de negociar un segundo rescate.

El Ejecutivo portugués tiene pendiente la aprobación de una reforma del Estado que reduzca de manera permanente el gasto público en 4.700 millones de euros, para cumplir con los compromisos contraídos con la UE y el Fondo Monetario Internacional para recibir un rescate.

Sin esos recortes, Portugal, cuyos fondos del rescate acaban a mediados del 2014, "no estará en condiciones de seguir sin más financiación", dijo el primer ministro, que auguró condiciones "más difíciles" para el país si hubiera un nuevo programa de asistencia.

El revés judicial de ayer es el segundo este año del Constitucional a los recortes del Gobierno conservador después de que en abril ilegalizara una bajada de salarios a funcionarios y pensionistas y obligara a buscar medidas adicionales de ahorro equivalentes a 1.300 millones de euros.

La aplicación de la última norma invalidada -conocida como régimen de movilidad especial- facilitaba la desvinculación laboral de funcionarios, en su mayoría de profesores (40 % de los trabajadores públicos).

La ley ilegalizada daba a trabajadores que se encuentran actualmente a la espera de ser colocados un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo, periodo durante el cual recibirían un salario inferior al vigente.

Una vez finalizado este periodo, los funcionarios podrían optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral con derecho a la prestación de desempleo.

El Partido Socialista -el principal opositor-, el Partido Comunista Portugués, el marxista Bloque de Izquierda y los sindicatos han expresado su rechazo a los cortes en el funcionariado e instarán a que el Constitucional actúe en la subida de la carga laboral de 35 a 40 horas semanales entre estos trabajadores.

Esta ley ya fue promulgada por el presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, pero podría quedar paralizada en caso de que el Constitucional decida su fiscalización preventiva.