La orden de cierre de Garoña abre un proceso que se prolongará unos tres años

La orden ministerial que cerrará Garoña (Burgos), que a más tardar debe publicarse en el BOE el próximo día seis, abre un proceso que puede prolongarse durante tres años en el que se procederá a la fase de desmantelamiento y al cambio de titularidad de la planta en favor de la empresa pública Enresa.

El Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas fija en sus artículos 29 y 30 los pasos a seguir, que incluyen la solicitud de autorización de desmantelamiento por parte de Nuclenor (propietaria de Garoña) y que deberá aprobar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), han explicado fuentes de este organismo regulador.

El CSN ya ha aprobado las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica del cese de explotación, teniendo en cuenta los riesgos asociados a la situación de parada definitiva de Garoña y las actividades a desarrollar hasta la obtención del permiso de desmantelamiento.

Según fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, el traspaso de una nuclear desde su cierre hasta su desmantelamiento es un plazo variable, pero por su experiencia en otros proyectos gira en torno a los tres años.

"Pero depende de que tanto el propietario como la empresa que va a realizar el desmantelamiento cumplan sus actividades previas (desarrollo de un plan de gestión del combustible y plan de desmantelamiento)", han matizado las mismas fuentes de la empresa pública.

El pasado 16 de diciembre, la central más antigua y pequeña de España se desconectó de la red eléctrica y comenzó a trasladar su combustible del reactor a la piscina de almacenamiento, anticipando de esta manera su clausura.

Entonces, Nuclenor, participada al 50 % por Endesa e Iberdrola, adujo razones de viabilidad económica para no seguir (las nuevas tasas sobre el sector nuclear aprobadas por el Gobierno popular), aunque indicó su deseo de seguir si se producían cambios, en alusión a la reforma energética que prepara el Ejecutivo.

Ayer, Nuclenor comunicó a los trabajadores que el cese es "reversible" y que a partir del próximo lunes trabajarán en un "periodo de transición" hasta que se decida el futuro de la planta.

El Ministerio de Industria, favorable a la continuidad de la central burgalesa, explicó hace unas semanas que los plazos legales le han impedido modificar la orden ministerial que decreta su cierre y que habría permitido a Nuclenor solicitar una prórroga.

No obstante, el ministro José Manuel Soria matizó que su departamento está analizando la situación de Garoña, ya que -dijo- el cese de explotación es por razones económicas y no de seguridad.

El próximo día 7, la Coordinadora contra Garoña convoca la última marcha contra la central, aunque desde algunos sectores hay dudas de que realmente vaya a ser la última.