Los desahuciados apenas usan el fondo social de vivienda

Las casi 6.000 viviendas propiedad de los bancos destinadas al Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler para familias desahuciadas siguen vacías ya que, según datos de junio, solo se han asignado 258 pisos y formalizado el contrato de 89 inmuebles, fruto de 594 solicitudes presentadas.

El Ministerio de Economía considera que las cifras son “aceptables para un proceso que arrancó en marzo”, y confía en que las solicitudes se vayan incrementando. También ha abierto la posibilidad de revisar los requisitos si el tiempo demuestra que son demasiado exigentes.

En la actualidad pueden acceder a un alquiler del FSV las personas desalojadas de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, con ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597 euros mensuales) y que cumplan algunos de los requisitos de especial vulnerabilidad (familias numerosas, violencia de genero y deudores en paro que hayan agotado la prestación, entre otros).

El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tienen una duración de dos años, prorrogables por uno. La mayor parte de los inmuebles aportados al FSV proceden de cajas convertidas en bancos y una cuarta parte de ellos está ubicada en capitales de provincia.

Según políticos de todo el arco parlamentario consultados, las familias afectadas son reacias a solicitar estos pisos porque para ello están obligadas a entenderse con el mismo banco que se quedó con sus casas. Para la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, el convenio que firmó en enero el Gobierno con 33 entidades financieras “deja todo en manos de los bancos, y son estos los que deciden qué vivienda es la más conveniente para el desahuciado y si la familia cumple los requisitos exigidos”. Además, todo este proceso se desarrolla en el “departamento de atención al cliente” de la entidad, que se ha convertido en una especie de agencia inmobiliaria.

“Todo depende de la buena fe de los bancos y presuponer esta buena fe es como creer en los Reyes Magos”, dice Iglesias. Uno de los argumentos en los que coincide la oposición es que estas 6.000 casas —valoradas en menos de 100.000 euros— no están ubicadas precisamente donde los afectados las demandan y, en ocasiones, se encuentran en malas condiciones.