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SECTOR INFRAESTRUCTURAS

Ana Pastor afirma que sanear las concesiones no puede implicar aportar fondos públicos

La ministra de Fomento, Ana Pastor. EFE/Archivo
La ministra de Fomento, Ana Pastor. EFE/ArchivoEFE

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha subrayado hoy que, "en ningún caso", la solución al problema que atraviesan determinadas concesionarias de autopistas de peaje puede implicar aportación de fondos públicos de todos los españoles.

En una rueda de prensa para presentar los resultados de la nueva política comercial del AVE, la titular del departamento ha insistido en que el Gobierno está comprometido y está trabajando para encontrar soluciones, "equilibras y razonables" a los problemas de viabilidad y sostenibilidad "importantes" de estas concesionarias en el menor tiempo posible.

"No lo puedo decir ni más alto ni más claro; en ningún caso la solución puede implicar aportación de fondos públicos de todos los españoles para sanear concesiones", ha apostillado Pastor.

Por su parte, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha indicado que el ministerio está estudiando la contrapropuesta de las concesionarias, que piden controlar un 49 % del capital de la nueva sociedad mixta que absorberá a las nueve autopistas de peaje con problemas.

La idea inicial del departamento que dirige Ana Pastor es que el valor residual de estas concesiones represente el 20 % del capital de la empresa, mientras que el 80 % restante será controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).

Recientemente, Catalá se mostró confiado en que haya un acuerdo próximo y consensuado entre las partes sobre la integración en una sociedad pública de las nueve autopistas de peaje con problemas, una solución que no va a ser fácil ya que implica renuncias e impacto económico en las provisiones de las compañías, indicó.

"Cualquier solución que adoptemos tiene que ser una solución acordada entre todos y nunca una solución impuesta", indicó entonces Catalá, que insistió en la deuda de 3.500 millones que arrastran estas concesionarias y en la reordenación de la presencia de los bancos extranjeros en ellas.

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