La consejera andaluza de Vivienda pide una quita para las familias con hipoteca

La consejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés, ha propuesto hoy una "quita a todas las familias que, porque no han perdido su empleo o porque tienen privaciones en su vida cotidiana, pueden seguir haciendo frente al pago de su deuda hipotecaria, pero que han sido víctimas de una estafa hipotecaria".

Elena Cortés (IU), que es la promotora del decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía, ha defendido esta idea en una comparecencia ante los medios en los pasillos del grupo de la Izquierda Plural en el Congreso, ya que la Cámara no le ha permitido utilizar ninguna sala.

La consejera ha sostenido que en España ha habido una "estafa hipotecaria", con un aumento del 210% en el precio de la vivienda durante los últimos diez años e hipotecas con cláusulas abusivas, y que la "manera de corregir esa estafa inmobiliaria es una quita".

A su juicio, la ILP antidesahucios es una "propuesta de mínimos" con la que el Congreso tiene una "oportunidad de oro que le ha puesto en bandeja la sociedad civil organizada".

Elena Cortés ha acudido a la Cámara Baja a explicar su decreto a los diputados de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA).

Allí ha aprovechado para tachar de "demagógicos" los argumentos del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, sobre que la Junta "lo único que va a conseguir es que no haya crédito hipotecario en Andalucía, que se afecte a la juventud andaluza y que el sector de la construcción cada vez vaya peor allí".

Cortés ha replicado a De Guindos que, después de la reestructuración bancaria y de los casi 185.000 millones de euros que se le ha dado a la banca, el crédito no fluye ni para las pymes ni para las familias.

Respecto a los jóvenes, ha apuntado que "está demostrado que construir millones de viviendas durante diez años no nos ha traído ni el derecho a la vivienda, ni ha impedido el desahucio".

Sobre el sector de la construcción, le ha respondido que en Andalucía el objetivo es la reconversión a través de la rehabilitación de viviendas, que "genera tres veces más empleo que la construcción de vivienda nueva".

La consejera también ha defendido que la sentencia del 14 de marzo del Tribunal de Luxemburgo dice que en España no se ha respetado la Directiva Comunitaria desde 1995, que no ha habido tutela judicial efectiva, ni derecho a la defensa, ni derecho a la vivienda, y que, por tanto, "en este país ha habido 440.000 desahucios ilegales y es absolutamente necesario que haya verdad, justicia y reparación con esas familias".

Por su parte, el coordinador federal de IU y portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, Cayo Lara, ha dicho que el decreto andaluz va a "marcar una pauta importante en este país" y que "abre una puerta a la esperanza a la gente de Andalucía", frente a un Gobierno del PP "insensible con el drama humano de la gente que se tiene que ir de sus casas".