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UE ADMINISTRACIONES

Los países de la UE aprueban nuevos usos de los datos públicos

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso (d), y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al término de la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), en Bruselas, Bélgica. EFE/Archivo
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso (d), y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al término de la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), en Bruselas, Bélgica. EFE/ArchivoEFE

Los países de la Unión Europea (UE) dieron hoy su visto bueno a una propuesta de la Comisión Europea (CE) para mejorar la disponibilidad de la información "no personal" en manos de las administraciones y organismos públicos, con vistas a que esos datos puedan ser empleados en nuevos servicios o productos.

El acuerdo lo sellaron los embajadores de los Veintisiete en el Consejo de la UE después de haber llegado el pasado 25 de marzo a un principio de compromiso con el Parlamento Europeo, precisaron a Efe fuentes comunitarias.

La Comisión había propuesto una revisión de la directiva de 2003 sobre la información gestionada por el sector público, de forma que ésta fuera más accesible y más fácil de reutilizar en beneficio de ciudadanos o empresas, sin ningún coste adicional o un coste muy bajo en la mayoría de los casos.

Esta información pública -que incluye desde mapas digitales a datos financieros y económicos- se refiere a datos no personales producidos, almacenados o recabados por organismos del sector público.

Las nuevas normas deben recibir a continuación el visto bueno del Parlamento Europeo para que puedan entrar en vigor.

Una vez en aplicación, crearán un "verdadero derecho" de reutilización de la información pública, algo de lo que carece la legislación de 2003, precisó la CE en un comunicado.

Además, la normativa se ampliará para incluir los datos en manos de bibliotecas, museos y archivos públicos, y establecerá que los organismos del Estado miembro en cuestión puedan cobrar como máximo el coste marginal de la reproducción, provisión y difusión de la información.

En casos excepcionales será posible la recuperación del coste total, más una devolución "razonable" de la inversión, donde sea posible.

Además, los organismos públicos tendrán que ser más transparentes sobre las normas para cobrar a los usuarios, y fomentar la disponibilidad de datos en formatos abiertos de lectura electrónica.

Los ministros europeos de Telecomunicaciones, que finalmente han dado su aprobación a la propuesta, se mostraban de acuerdo con la propuesta en sus debates en el Consejo al considerarla de ayuda para estimular el mercado único.

En general, pedían que se tuviera en cuenta la necesidad de reducir los costes para las empresas, pero también que las administraciones públicas necesitan asimismo cubrir gastos.

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