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TRIBUNALES ERE

La juez toma declaración a los dos últimos imputados en el caso de los ERE

El administrador de la consultora Uniter, José González Mata (d) comparecerá hoy ante la juez Mercedes Alaya . EFE/Archivo
El administrador de la consultora Uniter, José González Mata (d) comparecerá hoy ante la juez Mercedes Alaya . EFE/ArchivoEFE

La juez que investiga los ERE fraudulentos toma declaración hoy a dos últimos imputados en la nueva rama sobre el cobro de sobrecomisiones: el dueño de la aseguradora Uniter y el abogado Carlos Leal, acusado de hacer llegar las "dádivas" al entorno del ex director general imputado.

El dueño de Uniter, José González Mata, comparecerá ante la juez Mercedes Alaya después de que entre el viernes y el sábado ingresaran en prisión tres altos directivos de la aseguradora Vitalia, acusada de cobrar comisiones de hasta el 16,9 por ciento frente a la media del mercado del 3,18 por ciento.

En total, hasta el sábado la juez ordenó el ingreso en prisión de siete de los 22 imputados en la Operación Heracles de la Guardia Civil, entre ellos el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero.

En el auto de prisión de Guerrero, la juez aseguró que Uniter y Vitalia cobraban comisiones "elevadísimas en relación al precio de mercado" por su mediación en los ERE y, en el caso de la empresa Delphi, Uniter "cobró sobrecomisiones de unos siete millones de euros".

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la "deficiente gestión" de los ERE supuso no solo la aparición de intrusos que nunca habían trabajado en las empresas, sino "cuantiosos" intereses y comisiones, cifrados en 50 millones de euros.

González Mata, cuando compareció en la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz, aseguró que es "simple y llanamente mentira" que su empresa percibiese comisiones abusivas y las situó en una media del 7,8 por ciento, a lo que debía unirse la asesoría a los prejubilados, por lo que "la comisión neta" se reduciría al 2 o 3 por ciento.

En cuanto a Carlos Leal, del Bufete Jurídico Villasís de Sevilla, su imputación se produce dentro de la investigación de la juez para determinar el presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos" de los despachos Garrigues y Villasís, que tienen a dos y tres letrados respectivamente imputados en las actuaciones.

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