Anastasiadis y los líderes de los partidos discuten hoy con el Eurogrupo la tasa a los depósitos
El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, y los líderes de los partidos viajan hoy a Bruselas para discutir con el Eurogrupo el polémico impuesto sobre los depósitos bancarios y no será hasta que haya un acuerdo cuando el Parlamento se reúna para la votación.
Según informa la agencia de noticias chipriota CNA, está previsto que la delegación salga hacia el mediodía a Bruselas.
En caso de que se llegue a un acuerdo en Bruselas se convocará esta misma noche o mañana por la mañana una sesión plenaria en el Parlamento para votar la ley correspondiente.
La troika ha exigido que el plan alternativo a la propuesta inicial del Eurogrupo, rechazada el pasado martes por el Parlamento chipriota, incluya una tasa a los depósitos.
El ministro de Finanzas chipriota confirmó hoy al canal de televisión griego Mega que se está hablando de un impuesto de hasta el 25 % para los depósitos superiores a los 100.000 euros en el Cyprus Bank, el banco que ha quedado fuera de la reestructuración aprobada anoche por el Parlamento.
La Asamblea aprobó anoche una serie de leyes, entre las que figura la reestructuración del Laiki Bank, y su división en un banco "bueno" y uno "malo".
Según informan algunos medios chipriotas, la troika ha presionado para que se aplique un impuesto del 25 % sobre el Cyprus Bank, pues de lo contrario este banco debería sufrir el mismo destino que el Laiki.
Entre las leyes aprobadas anoche en el Parlamento figura una que permite la restricción de movimientos de capitales, con el objetivo de evitar una fuga en el momento en que abran los bancos el martes.
También se aprobó la citada reestructuración del Laiki, así como la creación de un Fondo Nacional de Solidaridad, al que se destinarán parte de las reservas de los fondos de pensiones y del seguro médico de los empleados públicos.
El fondo estará abierto a las donaciones de ciudadanos y empresas privadas, y podría incluir más adelante la oferta de la Iglesia de Chipre de hipotecar sus "inmensas propiedades" e incluso de posibles derivados financieros creados en base a las eventuales ganancias futuras de la extracción del gas.
El objetivo de lo que se ha conocido como "plan B" es reunir los 5.800 millones de euros que exige la troika a cambio del rescate de 10.000 millones de euros.
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