El juez amplía las imputaciones por la malversación de fondos de la ACM

El juez que investiga el presunto desvío de fondos en la Asociación Catalana de Municipios (ACM) ha ampliado la imputación a Salvador Cuadreny, exsecretario de la Fundació Privada d'Habitatge Públic de Catalunya (FPHP) que supuestamente sirvió para malversar dinero de la entidad.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha admitido a trámite la querella por malversación de caudales que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra el ex coordinador general de la Diputación de Barcelona Josep Maria Matas y el exnúmero 2 del Departamento de Cultura Xavier Solà.

Por ese motivo, el instructor ha citado a declarar para el próximo mes en calidad de imputados a ambos querellados, que según la Fiscalía utilizaron sus cargos en la ACM -entidad que agrupa en su mayoría a ayuntamientos nacionalistas- para desviar fondos en beneficio propio mediante la facturación de servicios a la institución a través de empresas instrumentales.

Junto a Solà y Matas, el juez ha citado también a declarar a otras tres personas que figuran en la querella de la Fiscalía por su presunta implicación en el desvío de fondos desde empresas instrumentales: Ramon Grau, Lluís Tresserres y José Escoda.

Además, el instructor ha ampliado la imputación a Salvador Cuadreny, que no figura en la querella del fiscal, por su presunta implicación en el desvío de fondos como secretario de la Fundació Privada Habitatge Públic de Catalunya, de la que Matas era apoderado general y Xavier Solà director general.

Según relata el fiscal en su querella, los tres "vieron la oportunidad de procurarse negocio particular" aprovechando sus cargos en la Fundación y, para ello, constituyeron en abril de 2006 una sociedad mercantil -Promocu Habitatge S.L.- de la que era administrador único Salvador Cuadreny.

En diciembre de 2009, la FPHP firmó un contrato con Promocu para encargarle la gestión de las promociones inmobiliarias de vivienda social que tenía previsto emprender, pero que en mayo de 2011 el Patronato de la Fundación acordó paralizar al haber conseguido sólo la venta anticipada de tres de las 18 casas proyectadas.

En total, Promocu Habitatge facturó a la Fundació un total de 68.038 euros, lo que constituye el 60 % de la retribución prevista en el contrato.

Además de por el supuesto desvío de fondos mediante sociedades interpuestas, Matas será interrogado por autoconcederse supuestamente una "retribución laboral desproporcionada" como secretario general de la ACM, cuyo sueldo se triplicó en seis años hasta alcanzar en 2011 los 273.800 euros.