Los Veintisiete intentan cerrar su posición sobre la futura política agrícola
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) tratarán de cerrar entre hoy y mañana su posición sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), un acuerdo que les permitirá empezar a negociar el texto final con el Parlamento Europeo, colegislador en esta materia.
La propuesta comunitaria sobre la nueva política agraria, que deberá aplicarse en el periodo 2014-2020, defiende que las prácticas de los agricultores sean más respetuosas con el medio ambiente y que las ayudas estén repartidas de manera más justa y transparente.
Los principales asuntos que deberán acabar de definir los ministros europeos serán, principalmente, la regulación de los pagos directos, las medidas ecológicas que deberán adoptar los agricultores para recibir parte de los fondos, o la flexibilidad que se permitirá para traspasar fondos de la partida de desarrollo rural a la de pagos directos, y viceversa, indicaron fuentes comunitarias.
Por parte de España asistirá el titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Además, los ministros también intentarán acordar cómo quedarán las cuotas azucareras (la CE las quiere suprimir en 2015) y los derechos de plantación de viñas (que tendrían fecha de caducidad en 2016).
El acuerdo del Consejo de la UE deberá ser respaldado, al menos, por una mayoría cualificada.
El Parlamento Europeo ya aprobó el miércoles pasado su postura frente a la reforma de la PAC, a la espera de que los ministros de los Veintisiete hagan lo propio para iniciar la negociación de los cuatro reglamentos que componen la reforma.
La presidencia de turno irlandesa de la UE se ha propuesto cerrar un texto antes de concluir su mandato, es decir, antes del fin de junio.
No obstante, dado el tiempo de tramitación a nivel de las instituciones de la UE que necesitará la nueva legislación, fuentes comunitarias indicaron que es posible que no esté lista para entrar en vigor el 1 de enero de 2014.
En ese caso, aseguraron que no habría problema para extender un año más la legislación actualmente en vigor.
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