La Defensora del Pueblo pide compensar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que se comprometa a compensar la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas, "en el primer momento que ello sea posible".

La institución ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de no revalorización de las pensiones en 2012, tal y como habían solicitado CCOO y UGT, pero efectúa esa recomendación que desea se haga con "el mayor acuerdo posible y en el marco del Pacto de Toledo", explica el Defensor en un comunicado.

Considera que el real decreto de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, "implica una pérdida de capacidad adquisitiva para los pensionistas que, además de su efecto inmediato, conllevará una pérdida acumulada si no se corrige en el momento en que ello resulte económicamente viable".

La petición, realizada a través de una recomendación dirigida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y comunicada también a las Cortes Generales, persigue que esa compensación se haga en el marco del Pacto de Toledo, "que es un elemento esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema público de Seguridad Social".

CCOO y UGT solicitaron al Defensor que planteara un recurso de inconstitucionalidad a ese decreto, porque vulneraba un derecho individual de los pensionistas ya adquirido, que (plantearon) no puede ser suprimido con efectos retroactivos.

Además, en un entrevista en los Desayunos de TVE, Becerril ha pedido a los ayuntamientos y comunidades autónomas que prioricen el pago a los proveedores y a empresas vinculados a los servicios sociales por la vulnerabilidad de las personas que reciben esas prestaciones.

"Me preocupan mucho los problemas en mayores, menores, personas con discapacidad, porque recibimos muchas quejas de atención en servicios asistenciales", ha dicho la Defensora, en los que si no se paga a algunas empresas, "no se va a poder servir" a comedores, lavanderías de centros sociales o guarderías, entre otros.

La institución ha hecho una recomendación al Gobierno "para que con los dos fondos de liquidación autonómica y un saldo que quedó del fondo a ayuntamientos y CCAA para que pagaran a acreedores, que se acaba de librar, se les pida a las comunidades que establezcan una prioridad y atiendan a esos servicios asistenciales básicos, en primer lugar, porque si no nos podemos encontrar con que esas personas vulnerables no pueden ser atendidas".