Unas 20 familias que son desahuciadas diariamente en Barcelona tendrán ayuda social

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona garantizarán atención a la veintena de familias en riesgo que son desahuciadas diariamente en la ciudad, gracias a un protocolo que pretende coordinar la respuesta de juzgados, abogados y administraciones ante esas situaciones derivadas de la crisis.

En el Palau de Justicia de Barcelona han firmado hoy el protocolo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, el conseller de Justicia, Germà Gordó, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y los decanos de los colegios de Abogados y de Procuradores de la capital catalana, Pedro Yúfera e Ignacio López, respectivamente.

En la firma del protocolo, que viene a institucionalizar una práctica que se aplica desde hace meses en Barcelona, el conseller de Justicia ha anunciado que promoverá en el Parlamento catalán y en Las Cortes una reforma de la ley hipotecaria y de las leyes procesales para atenuar la crisis de los desahucios mediante medidas como la dación en pago, el alquiler social o la limitación de los intereses de demora.

La propuesta de Gordó es compartida por el resto de los firmantes del protocolo que, cada uno desde su ámbito, llevan tiempo defendiendo reformas para evitar una situación que, en palabras de Gimeno, está enviando "a miles de personas a una marginalidad de la que difícilmente podrán ser recuperadas".

El acuerdo formalizado hoy, cuyos impulsores quieren extender al resto de Cataluña, convierte en una obligación para los firmantes lo que hasta ahora "dependía de la buena voluntad", según el presidente del TSJC, lo que debe permitir dar una solución "a tiempo" a personas en situación de riesgo social que van a ser desahuciadas de sus viviendas.

Concretamente, los abogados o procuradores -tanto de las entidades bancarias que insten al desahucio como de los propios afectados- estarán obligados a avisar de que la familia afectada puede estar en riesgo social desde el primer momento de la presentación o notificación de la demanda.

Ello permitirá que, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el protocolo, los servicios sociales del Ayuntamiento puedan conocer el caso con suficiente antelación para que, antes del día del desahucio, puedan ofrecer atención social -eventualmente una vivienda- a las familias que lo necesiten y lo acepten.

Según Miguel Ángel Gimeno, diariamente son desahuciadas en Barcelona entre 20 y 22 familias que podrían beneficiarse del nuevo mecanismo de coordinación consagrado en el protocolo.

A lo largo del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona recibió 339 solicitudes de asistencia por desahucios, según el alcalde, que ha defendido los buenos resultados de la prueba piloto que se está aplicando en el distrito de Nou Barris para promover la mediación entre los bancos y los deudores: de los 58 expedientes incoados se han resuelto 38, ha precisado.

El alcalde ha aprovechado la firma del protocolo para exigir al Gobierno central que destine a alquiler social las viviendas que son propiedad del denominado "banco malo", para "dar una solución a la gente que lo está pasando mal", ha apuntado.

En virtud del nuevo acuerdo, las instituciones involucradas ayudarán a las familias afectadas a tramitar la obtención de una vivienda social u otra solución a sus necesidades, aunque serán estas quienes tengan la última palabra sobre si aceptan la propuesta de la administración.

Los firmantes del acuerdo alertan en el protocolo de la "peligrosidad" en que se han convertido la práctica de una orden de desahucio, con varias ocasiones en las que han esgrimido armas a la comitiva judicial, se han recibido amenazas o incluso ha habido algún intento de suicidio.