España, satisfecha con acuerdo para prohibición de descartes pesqueros en UE

El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, mostró hoy su satisfacción con el acuerdo político para prohibir de manera escalonada y con condiciones los descartes pesqueros en la Unión Europea (UE), que resuelve parte de la carencia de cuotas de la flota española.

"Estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado porque permite un calendario razonable para poner en marcha la prohibición de descartes e introduce elementos de flexibilidad que pueden permitir a la flota española cumplir con esta prohibición sin sacrificios excesivos", señaló hoy Arias Cañete en conferencia de prensa en Bruselas.

El consenso alcanzado esta madrugada establece la posición de los Estados miembros sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE, que ahora deberá ser negociada con la Comisión y el Parlamento Europeos para alcanzar un consenso final.

Arias Cañete señaló que gracias al calendario escalonado, la flota española más afectada (unos sesenta barcos, según sus cálculos) podrá cumplir la normativa "sin grandes problemas, aunque también sin holguras".

"Una política sobre los descartes es muy necesaria, pero también las flotas tienen que poder adaptarse a los cambios de las políticas. No se puede pasar de una situación permisiva (...) a una situación al día siguiente en que todas las capturas tienen que ponerse encima de la mesa", añadió.

Por ello, durante estas negociaciones, que calificó de "muy complicadas hasta el último momento", defendió la introducción de "elementos de flexibilidad" temporal que permitieran a la flota adaptarse a las nuevas medidas.

Cañete recalcó que la prohibición sobre los descartes en la captura de merluza se comenzará a aplicar a partir de 2016, un año después de lo inicialmente previsto.

También se retrasa doce meses respecto a las primeras propuestas el veto a los descartes en la pesca de las demás especies accesorias en pesquerías demersales (gallo, rape y otras), hasta 2019.

Además, el acuerdo establece que la prohibición de los descartes se aplique a las especies pelágicas a partir de 2014; en el mar Báltico, desde 2015; en los caladeros del noroeste y suroeste y en el mar del Norte, en 2016; y en el Mediterráneo, en 2017.

Por lo que respecta a la regla "de minimis" o porcentaje máximo de descartes permitidos, a partir del 1 de enero de 2019 se aceptarán hasta el 9 %, en lugar del 5 % inicialmente puesto sobre la mesa; desde 2021 se reducirán al 8 % y a partir de 2023, se disminuirán hasta el límite del 7 %.

Este margen permitirá a la flota española seguir descartando especies como el ochavo, la bacaladilla o el jurel, que son de "difícil conservación en buques que pasan muchos días" faenando hasta que vuelven a puerto, señaló Arias Cañete.

España había apostado por exonerar a estas especies de la normativa de descartes.

Otra de las medidas "más beneficiosas" para España es la flexibilidad que permitirá desembarcar capturas de una especie de la que no se tenga cuota, utilizando a cambio hasta el 10 % de la cuota de otra especie objetivo.

En ese sentido, el acuerdo "tiene la característica de que resuelve algunos de los problemas de la flota española de falta de cuotas", según el ministro, y permitirá a estos buques un mayor acceso a especies como el bacalao, el lenguado o el merlán.

Además, cada año se podrá trasferir al siguiente ejercicio hasta el 10 % de las cuotas no utilizadas y se producirá una subida generalizada de los totales admisibles de capturas (TAC), debido a que se calcularán en base a todo lo que se captura, y no lo que se desembarca, como hasta ahora.

Arias Cañete también destacó la intención de la Comisión de colaborar "con medidas económicas" a la adaptación de los buques pesqueros que tengan que transformar su sistema de almacenamiento para cumplir con la futura normativa de descartes.

Queda por definir la cuestión de los controles para verificar que se cumple la normativa de descartes, que por el momento quedarán en manos de los Veintisiete.

Arias Cañete valoró que la reforma tendrá efectos positivos en los mercados, debido a que la actividad pesquera será más sostenible y a que se podrá desembarcar un mayor volumen de capturas, lo que permitirá comercializar algunas especies, convertir otras en harinas de pescado y destinar parte a fines benéficos.