Toxo y Méndez dicen que la situación de Arturo Fernández es "insostenible"
![(De i a d) El secretario general de CCOO en Cataluña, Joan Carles Gallego; el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el secretario general de UGT en Cataluña, Josep Maria Álvarez, en la conferencia de prensa conjunta ofrecida hoy en Barcelona. EFE/Archivo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/D7IK7DOAAHKEMXRHFHB2AKHKYA.jpg?auth=94910a7afe40ddca1c3873b97055e05a534459128e80eb78e5f17d7962ea7158&width=414)
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Cándido Méndez, han asegurado hoy que las denuncias de pagos de sueldos en negro a empleados por parte de empresas del vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, ponen a éste "en una situación muy insostenible".
Los dos dirigentes sindicales han reaccionado así tras ser preguntados por los periodistas en relación con una información difundida por la Cadena Ser en la que se denuncia que una empresa de Arturo Fernández, también presidente de la patronal madrileña, CEIM, habría realizado estos pagos en negro a sus trabajadores.
En declaraciones a Efe, Arturo Fernández ha anunciado que sus abogados están estudiando la adopción de medidas judiciales contra quienes le acusan de haber pagado parte del sueldo en negro a empleados de su grupo hostelero, 'Arturo Cantoblanco', práctica que ha negado.
En conferencia de prensa, el secretario general de la UGT ha apuntado que "si al final son ciertas y sólidas (las denuncias), pondrían en una situación muy insostenibles a esta persona".
Fernández Toxo ha asegurado además que su sindicato comprobará la situación de la concesión de la cafetería de CCOO, gestionada por una empresa de Arturo Fernández, y ha apuntado que tomarán medidas si se confirma la existencia de irregularidades.
Por su parte, el líder de CCOO ha dicho también que la situación de Fernández es "insostenible", al tiempo que ha pedido que "se erradiquen" las prácticas de pagos en negro "sobre todo si afectan a personas con responsabilidades públicas".
Los secretarios generales de los dos principales sindicatos españoles han negado que sus organizaciones tuvieran conocimiento de estas prácticas.
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