Iberdrola vendió activos no estratégicos por 850 millones en 2012

Iberdrola vendió el pasado año activos por 850 millones de euros, dentro de su plan para deshacerse de instalaciones y participaciones no estratégicas valoradas en 2.000 millones de euros entre 2012 y 2014.

Fuentes de la eléctrica indicaron que estos datos demuestran que el grupo "avanza de forma satisfactoria en el cumplimiento de sus objetivos" de desinversión, con los que pretende garantizar su fortaleza financiera en los próximos años.

Entre las operaciones destaca la venta de 32 parques eólicos terrestres en Francia, con los que Iberdrola obtuvo 350 millones de euros, a los que podrían sumarse otros 50 millones en función del cumplimiento de determinados requisitos.

La eléctrica utilizó el mismo sistema -venta de los parques eólicos terrestres y mantenimiento de los marinos- en Alemania, donde traspasó todos los activos "onshore" por algo más de 63 millones de euros.

En los últimos días del año, Iberdrola cerró otra de sus grandes operaciones, la venta a Fluxys de su participación del 20 % en Medgaz -el gasoducto que une Argelia con España-, por la que obtuvo 146 millones de euros.

El pasado año, la eléctrica se desprendió de parte de sus activos en los Estados Unidos, con la venta de Energy Network por 50 millones de dólares (unos 38,4 millones de euros) y de las comercializadoras Energetix y NYSEG Solutions por 110,2 millones de dólares (unos 63 millones de euros).

Además, en febrero traspasó su participación del 13,25 % de Gas Natural México por 82 millones de dólares (63 millones de euros) y en octubre se deshizo de casi un 10 % de Euskaltel por 40 millones de euros.

Durante 2012, Iberdrola vendió activos gasistas en Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia y se desprendió de su participación en la empresa de ingeniería tecnológica GH Induction Group.

El último Plan Estratégico de Iberdrola, presentado en octubre, prevé unas desinversiones de, al menos, 2.000 millones de euros entre 2012 y 2014, aunque esta cifra podría elevarse hasta los 5.000 millones en caso de que fuera necesario.

En aquel momento, se apuntó que las desinversiones se centrarían en activos y países no estratégicos, con el objetivo de compensar un "entorno adverso", caracterizado por la caída de la demanda, los cambios en la regulación, principalmente en España, y las mayores cargas impositivas.