Dimite el presidente de Caja Segovia antes de convertirla en fundación
El presidente del último consejo de administración de Caja Segovia y miembro de la gestora que debe liderar el proceso de conversión en una fundación, Rafael Encinas, ha presentado su dimisión, junto con otro representante de este órgano.
Encinas, en declaraciones a EFE, ha confirmado hoy este extremo argumentando razones personales y ha dicho que, junto a él, también ha dimitido el miembro de la gestora José María Llorente, que representaba al sector de la empresa.
Los miembros del consejo de administración de Caja Segovia pasaron a formar parte de la comisión gestora de la fundación de carácter especial en la que se transformará la antigua entidad de ahorro.
El pasado 4 de diciembre, el Boletín Oficial de Castilla y León recogió la resolución, fechada el 30 de noviembre, de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, por la que se lleva a cabo este nombramiento, por lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, referido a órganos de gobierno de las Cajas.
Rafael Encinas ha dicho que, ahora que se va a crear una fundación, es bueno que no existan lastres del pasado, aparte de que ha indicado que el trabajo que queda por hacer le corresponde casi directamente al Gobierno regional y a sus funcionarios.
El que fue último presidente de Caja Segovia ha anunciado que, el próximo día 20, jueves, los miembros que permanezcan en la gestora mantendrán una reunión con representantes de la Consejería de Presidencia, que es quien tramita la fundación.
Por el momento siguen siendo miembros de la gestora Aurea Juárez, Elena García Gil, Víctor Martín, Inmaculada Merino, Beatriz Prados, José María Yagüe, Concepción González, Olga Llorente, Juana Borrego y Javier Reguera.
La fundación de Caja Segovia nace lastrada por un préstamo heredado de la antigua Caja Segovia por una operación inmobiliaria en Asturias, aprobado en la ultima reunión del consejo anterior, que presidía Atilano Soto (PP).
El crédito es de 6,8 millones y sólo los intereses ascienden a 150.000 euros al año, pero ahora hay una carencia de amortización del principal de cuatro años.
Si no se hace cargo Bankia, en cuyos activos figura el polémico solar, la fundación deberá amortizar el crédito pagando en torno a 1,3 millones al año, lo que hace inviable cualquier actividad de la obra social.
