El Senado aprueba esta semana la ley de impuestos a la generación eléctrica

El Pleno del Senado va a debatir y aprobar esta semana el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sector energético, que, según estimaciones del Gobierno, debería estar en vigor a comienzos de 2013.

A esta iniciativa, que se aprobará en Pleno el martes, se han presentado seis vetos -PSOE, CiU, Entesa pel Progrès de Catalunya, PNV y Foro Asturias (FAC)- y 218 enmiendas parciales.

Entre estas propuestas destaca la iniciativa del Grupo Popular de elevar el gravamen a la venta de electricidad del 6 % al 7 %, una medida que, según el presidente de la patronal de las grandes eléctricas (Unesa), Eduardo Montes, pondría en peligro la viabilidad del sector.

A cambio, este grupo propone rebajar el llamado "céntimo verde" del gas natural del 0,65 a 0,15 céntimos el gigajulio cuando vaya destinado a uso industrial, con la excepción de la cogeneración.

Esta propuesta también ha recibido numerosas críticas, en especial de los cogeneradores e industrias que utilizan este sistema, ya que consideran discriminatorio que el gas tenga una fiscalidad distinta aunque el fin sea el mismo.

Sin embargo, la iniciativa sí cuenta con el visto bueno del Gobierno, que ha valorado el hecho de que ambas propuestas se compensen sin afectar a la recaudación final.

El proyecto de ley ya contó con varias enmiendas a la totalidad y más de un centenar de parciales durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, aunque prácticamente solo prosperaron las presentadas por el Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras.

En aquel momento, los diputados del PP se mostraron dispuestos a introducir nuevas reformas durante el trámite en el Senado, por lo que es previsible que se aprueben cambios y el texto tenga que volver al Congreso.

El proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética recoge una serie de impuestos a la generación de electricidad con los que el Gobierno pretende incrementar la recaudación del sistema y "taponar" el déficit de tarifa, generado porque los ingresos no son suficientes para cubrir los costes.

La norma incluye un impuesto genérico -del 6 % en su redacción inicial; del 7 % según la propuesta del PP- y otros específicos para el uso del gas natural, las aguas continentales o los residuos nucleares, entre otras medidas.