Peña Nieto afrontará los mayores retos en seguridad y reformas estructurales

El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, afrontará nuevos retos para reducir la violencia y, a la vez, impulsar reformas estructurales transformadoras como la energética y la fiscal que permitan a su país combatir la pobreza y lograr un "nuevo pacto social", dijeron a Efe varios analistas.

"Yo diría que el primero es la seguridad. Está recibiendo una situación totalmente desastrosa en esa materia y hay expectativas de la gente de que se vaya reduciendo la violencia poco a poco", declaró el académico José Antonio Crespo, analista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Además, consideró clave que, tras tomar posesión el 1 de diciembre y en su primer año de Gobierno, Peña Nieto acometa algunas reformas estructurales como la fiscal y la energética que "no se han podido cambiar en décadas".

Según Crespo, el futuro gobernante, de 46 años, "recibe un país con estabilidad macroeconómica, tendrá que preservarla pero su reto ahí será que haya crecimiento económico, a partir de lo cual se pueda mejorar en alguna medida esto de la distribución del ingreso, del combate a la pobreza".

Jorge Chabat, experto en la materia del CIDE, coincidió con Crespo pero advirtió de que el futuro gobernante tiene "muy poco margen de maniobra" porque hay "muchos factores estructurales que no puede cambiar de la noche a la mañana".

"Básicamente el problema es que tiene unas bandas criminales que han crecido mucho en los últimos años y un Estado muy débil. Lo que tiene que hacer es fortalecer al Estado, y esto va a llevar años. Lo empezó a hacer (el presidente Felipe) Calderón y va a continuar Peña Nieto", añadió.

Sin embargo, Chabat se mostró moderadamente optimista, especialmente por la renovación en instituciones de seguridad pública que comenzó en el mandato de Calderón (2006-2012).

"De hecho la curva de violencia vinculada con el crimen organizado ha empezado a bajar desde abril de 2011, lentamente pero viene bajando. Es probable que esto continúe", aseguró.

A priori, afirmó, en las propuestas de Peña Nieto en la materia no hay "nada nuevo de manera radical" y sí un énfasis en que mejore la coordinación del Gobierno en su lucha contra el crimen organizado.

Para Luis Daniel Vázquez, de la Facultad de Estudios Latinoamericanos en Ciencias Sociales (FLACSO), la dificultad mayor que afronta en esta agenda es que en los últimos años "se logró instaurar una idea específica de política de seguridad que es abiertamente violatoria en materia de derechos humanos".

Por ello, agregó, es necesario "cambiar el paradigma".

En materia social, Vázquez reconoció que en los últimos años han bajado en México las personas con dificultades de acceso a educación (del 26 % en 1990 al 19 % en 2010), a salud (de 58 % en 2000 a 33 % en 2010) y a vivienda (de 44 % en 1990 al 19 % en 2010), pero a la vez hubo una caída del poder adquisitivo que a la postre elevó de 48 a 52 los millones de pobres entre 2008 y 2010.

En ese sentido, consideró un reto imperioso del próximo Gobierno introducir "una política de aumento salarial" que permita atajar la pobreza de manera efectiva.

El economista Manuel Molano Ruiz vaticinó que Peña Nieto tratará de impulsar "un nuevo pacto social", lo que pasa por generar una mayor recaudación en su Administración "para pagar este proyecto ambicioso" de reforma de la Seguridad Social y poder ampliar la protección de los ciudadanos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), del futuro gobernante, basa su programa "en este nuevo pacto social. Es muy importante dentro de su estrategia política y creo que van a hacer todo lo posible para lograrlo", declaró Molano Ruiz, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sin embargo, una de las mayores dificultades para Peña Nieto es la falta de una mayoría parlamentaria en el Congreso, lo que le obligará a transitar en los próximos años con "un balance de poder muy delicado" entre Legislativo y Ejecutivo, sostuvo Molano.

Peña Nieto, quien logró que el PRI vuelva a un poder que acaparó en México de 1929 a 2000, se manifestó antes de las elecciones a favor de mantener al Ejército en la calle para enfrentarse al crimen organizado.

Además, se declaró favorable a ampliar las posibilidades de que el capital privado participe en la petrolera Pemex y asuma más riesgos que hasta ahora, así como reducir las aportaciones de la empresa pública al fisco para que tenga más margen para hacer sus propias inversiones.

En cuando a la fiscalidad, se propone rebajar el impuesto sobre la renta, simplificar el complejo régimen impositivo actual y tratar de ampliar la recaudación por otras vías con ánimo de potenciar las inversiones sociales.