El martes termina el plazo de enmiendas a la ley de gravámenes eléctricos

El martes concluye el periodo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en el Senado, con el que el Gobierno pretende resolver el problema del déficit de tarifa.

El proyecto, aprobado por el Gobierno en septiembre, ha salido esta semana del Congreso de los Diputados con pocos cambios, entre los que destaca la especificación de que los ingresos recaudados con estos impuestos se dedicarán a cubrir el déficit de tarifa.

El déficit de tarifa se genera porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir todos los costes -entre ellos las primas a las renovables, las ayudas al carbón, la distribución, el transporte o la moratoria nuclear- y al cierre de 2011 acumulaba ya más de 24.000 millones de euros.

Durante la tramitación en el Congreso se registraron cinco enmiendas a la totalidad y más de un centenar de enmiendas parciales, con las que la oposición pretendía aliviar el impacto de las medidas sobre la gran industria y las tecnologías renovables, además de otras cuestiones.

Entre las críticas al proyecto ha destacado la idea de que las empresas eléctricas trasladarán los impuestos al consumidor final, con el consiguiente impacto en las facturas de hogares y empresas, algo que las propias compañías han reconocido.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) ya ha constatado encarecimientos en las cotizaciones de los mercados de futuros con entrega en 2013, en los que se compra y vende la electricidad que será suministrada en esa fecha, que es cuando previsiblemente estará en vigor la normativa.

La cotización del contrato anual con entrega en 2013 se encareció en 1,2 euros el megavatio hora (MWh) el día de la presentación del proyecto y sumó 1,1 euros adicionales la siguiente jornada de negociación, hasta alcanzar los 54,6 euros el MWh.

El Gobierno defiende que el objetivo de este proyecto es "taponar" el déficit de tarifa que se genera cada año y que en los nueve primeros meses de 2012 rozaba los 4.000 millones de euros, a pesar de estar limitado por ley a un máximo de 1.500 millones para todo el ejercicio.

Así, la normativa establece varios impuestos a la generación eléctrica -entre ellos uno genérico del 6 % al que se superponen gravámenes a los residuos nucleares y al uso del agua, gas natural o carbón- así como la incorporación de los derechos de emisión de CO2 como ingresos del sistema.

Durante la tramitación en el Congreso, el Grupo Popular propuso transferir el 38,3 % de las primas a las renovables a los Presupuestos Generales del Estado, aunque la enmienda -que había sido criticada por el sector al entender que restaba seguridad a su retribución- finalmente fue retirada.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado en varias ocasiones que, una vez resuelto el problema del déficit de tarifa, se va a elaborar una nueva normativa que reformará el funcionamiento del sistema eléctrico y que podría sacar de la tarifa muchos de los costes que actualmente recoge.