El hundimiento de la banca

Nadie se podría explicar cómo han podido desaparecer más de cuarenta entidades —el sector ha pasado de 56 a 15 bancos en cuatro años— sin saber qué ocurrió entre los muros del Banco de España. Los inspectores de esta institución conocían los entresijos de las antiguas cajas y de los bancos: su contaminación por los préstamos a promotores y constructores, así como su enorme dependencia de los bancos internacionales, a los que pidieron miles de millones de euros.

Desde 2003, los inspectores avisaron de que había problemas en el funcionamiento interno del supervisor. En 2005 encendieron las primeras luces de alarma, y lo volvieron a hacer en 2006, pero alguien las apagó: primero el gobernador, Jaime Caruana, y después su sucesor, Miguel Fernández Ordóñez. Ambos actuaron en connivencia con los ministros de Economía, Rodrigo Rato y Pedro Solbes, que no quisieron frenar una economía desbocada y que, cuando llegaron los problemas, confiaron ciegamente en que la recuperación internacional solucionaría los problemas financieros de las entidades españolas. Este es el relato de los primeros avisos silenciados y el envenenado ambiente que se creó en el interior del Banco de España.

En solo unos pocos años, los inspectores del Banco de España han pasado de ser un cuerpo de élite respetado en Europa y Estados Unidos a tener una posición más que dudosa sobre su actuación en la crisis financiera. Su labor se ha cuestionado en multitud de foros: han pasado de ser un ejemplo por constituir un sistema financiero modélico, según dijo el G-20 en septiembre de 2008, a tener la banca europea con más dudas sobre su solvencia.

Según algunos de los inspectores consultados, las intromisiones en su labor están detrás de este problema. Los intereses particulares de los gobernadores y de los altos ejecutivos del Banco de España (que en algunos casos han saltado de la institución a puestos de relevancia en la banca privada) y el escaso interés por enfrentarse al PP y al PSOE, así como a los barones autonómicos que controlaban las cajas de ahorros, explican parte de esta falta de eficiencia. Los inspectores coinciden en que ha habido una autocensura en sus propios informes, después de percibir que la jefatura no quería, en muchas ocasiones, “tener conflictos con las entidades. Parece que valoraban más los informes positivos que los negativos”, dicen.

Cómo gestores, supervisores y políticos hundieron la banca

Esta es la crónica de la cadena de ineficacia y cobardía política que ha provocado el hundimiento de la banca y el derrumbe económico de España. Gestores irresponsables en las cajas, supervisores que no atajaron los problemas (Caruana, Fernández Ordóñez) confiando en que se solucionarían con el crecimiento del PIB y políticos (Rato, Solbes) que no resolvieron los males de fondo. Los inspectores del Banco de España advirtieron de los peligros, pero nadie quiso verlos. Así lo relata el periodista Íñigo de Barrón, especialista en información financiera de EL PAÍS, en el libro El hundimiento de la banca (Catarata), del que publicamos un extracto.

El resultado fue que los inspectores se acomodaron y existió, en algunos casos, una simbiosis entre los deseos de la entidad, los responsables del Banco de España y los funcionarios que acabaron por bajar la guardia.

Otra de las quejas de la inspección ha sido que, para atender a los cuatro test de solvencia a los que se ha sometido al sector entre 2010 y 2012, buena parte de la plantilla se tuvo que dedicar a estas pruebas y no a vigilar entidades. Resulta paradójico que cuando el sector estuvo más débil se retiraran inspectores. Lo cierto es que las pruebas de la Autoridad Bancaria Europea exigieron mucho trabajo a la inspección, por lo que no pudieron estar en los bancos realizando su labor. Por último, no hay que despreciar tampoco la presión de los grandes banqueros para proteger sus propios intereses.

Estas circunstancias son las que han llevado a los máximos responsables del Banco de España a actuar con “poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado”, como afirmó el actual gobernador, Luis Linde, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados en julio de 2012. Linde hizo la crítica más dura que se conoce hasta ahora, sobre todo porque ha venido de “dentro de la casa y de arriba”, como recuerdan algunos.

Los errores en el funcionamiento del Banco de España son hoy ya de dominio público internacional. La prueba son las afirmaciones que aparecen en el informe del FMI de mayo de 2012 y en el Memorándum de Entendimiento de la Comisión Europea (julio de 2012). En estos documentos se destaca, por un lado, la calidad de la inspección, pero, por otro, se apunta que la intromisión del poder del Ministerio de Economía (es decir, de la política) había provocado que el supervisor aplicara “un enfoque lento en la adopción de medidas correctoras, lo que ha permitido que los bancos débiles sigan funcionando”.

La Asociación de Inspectores del Banco de España representa al 90% de los inspectores en activo, lo que le permite erigirse en su portavoz. Este cuerpo reclama desde 2003 que sus informes lleguen hasta la cúpula del banco sin modificaciones relevantes para que los máximos responsables puedan conocer la información de primera mano. Los inspectores consultados opinan que el hecho de que los informes iniciales sean resumidos antes de someterlos a la alta dirección permite a los mandos intermedios alterar su contenido. Los miembros de la Comisión Ejecutiva solo ven el informe resumido; podrían ver toda la documentación si quisieran, pero normalmente no lo hacen.

En paralelo a esta circunstancia, la Asociación de Inspectores del Banco de España consideró que los diferentes cambios legales llevados a cabo en la reglamentación de 2003 (la modificación de la Ley del Régimen del Personal del banco al introducir el artículo 6 bis de la Ley de Autonomía del Banco de España) permitía la “arbitrariedad y discrecionalidad” de la alta dirección a la hora de decidir las actuaciones sobre las entidades. Así lo denunciaron en un escrito, donde afirmaron querer buscar garantías de “seguridad e independencia” en sus funciones, conscientes de que los jueces podrían llamarlos a declarar en caso de que alguna entidad quebrara, como ha ocurrido en el caso de la Caja del Mediterráneo y de la CCM.

No obstante, la inspección del Banco de España tiene problemas crónicos en su propia estructura organizativa, según afirman expertos con un profundo conocimiento del sector financiero. Son muchas las voces que piden cambios en la forma de trabajar, como que los inspectores roten de entidades cada cierto tiempo. De esta forma, se evitaría el síndrome de Estocolmo con el banco, es decir, que no haya un exceso de identificación del inspector con la entidad inspeccionada que le haga perder la objetividad. “Lo peor que puede decir un inspector es: en mi banco no hay problemas”, apunta un alto cargo.

En cualquier caso, la pregunta clave para juzgar el papel de la inspección es: ¿denunciaron el deterioro financiero de las cajas antes de que estas quebraran? Los inspectores afirman que en sus informes internos hablaron de los problemas de la CCM, de la CAM, de Caja Madrid y de Bancaja, entre otras. La querella contra los gestores de Bankia y los documentos aportados en el sumario han permitido conocer parte de la actuación de la inspección. En algunos casos, se actuó con diligencia sobre Caja Madrid, advirtiendo las primeras dificultades en 2003, luego en 2006 y más adelante en 2009.

Pero hubo claroscuros difíciles de entender. Con la salida a Bolsa de Bankia, los informes levantaron el pie del acelerador. Así, por ejemplo, en el informe del 23 de febrero de 2011 los inspectores consideraron que los deterioros de los activos crediticios e inmobiliarios de Bankia estaban “bien cubiertos los dos próximos años” gracias a los fuertes saneamientos realizados en ejercicios anteriores. En los informes del 2 de agosto y del 2 de septiembre se señala que las desviaciones sobre los planes objetivos “no son recurrentes y supondrán una menor presión sobre las cuentas de resultados futuras, que se verán aliviadas por el esfuerzo inicial de saneamientos de 2010”. Curiosamente, tras el estreno bursátil, en diciembre de 2011, llegó otro informe que cuestionaba la viabilidad de la entidad.

¿Pudieron estar presionados los inspectores para no truncar la salida a Bolsa de Bankia, una operación que parecía como un proyecto de vida o muerte para España? Algunos expertos creen que sí, pero entienden el proceso de la siguiente manera: fueron los propios inspectores los que poco a poco fueron suavizando sus informes al ver que sus superiores rechazaban aquellas actas con calificaciones duras contra las entidades. Los inspectores llegaron a desarrollar, por decirlo así, una autocensura, para acabar escribiendo lo que sus jefes querían leer. Y lo que querían leer es que no había problemas en las entidades; o que, si los había, eran problemas superables con el tiempo, por lo que más valía no aplicar medicinas muy severas que colapsaran al banco o a la caja en cuestión. “No tienen capacidad para hacer más provisiones, así que dejad de encontrarles más problemas”, dicen algunos que reclamaban sus superiores. Es lo que se conoce, según algunos economistas, como “el secuestro del supervisor”.