El alza del IRPF y del IVA, medidas impopulares para luchar contra el déficit

La subida de dos grandes impuestos: el del IRPF y el del IVA, ha sido la medida fiscal más impopular acometida por el Gobierno en su primer año de mandato, aunque para el Ejecutivo ha sido "imprescindible" para aumentar la recaudación y luchar contra el déficit público, su gran caballo de batalla.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró cuando llegó a la Moncloa que la estrategia económica de su legislatura sería volver a una senda sostenible de deuda pública, para recuperar la credibilidad de la economía española.

Por ello, la primera medida que adoptó al mes de ser elegido, y pese a haber asegurado reiteradamente durante su campaña electoral que no subiría los impuestos, fue aumentar el IRPF para 2012 y 2013 entre el 0,75 % para rentas inferiores a 17.707,20 euros y el 7 % a partir de 300.000 euros.

Esta medida formó parte del primer Real Decreto sobre medidas de corrección del déficit público aprobado por el Ejecutivo el 30 diciembre y que perseguía reducir el gasto en unos 8.900 millones de euros e incrementar los ingresos en otros 6.275 millones.

El Ejecutivo argumentó que el alza del impuesto a las rentas salariales era "imprescindible" ante el desvío del déficit público en 2011 en más de 20.000 millones de euros y que finalmente resultó ser del 9,4 % del PIB.

Por eso, aumentó el IRPF y un gravamen complementario para las rentas del ahorro, así como la retención por rendimientos de actividades profesionales que pasó del 15 % al 21 %.

Aquel Real Decreto también incluyó la subida temporal del IBI durante dos años, entre un 4 % y un 10 %, e introdujo un tipo mínimo para cigarros y cigarritos y para la picadura de liar, además de la supresión de las bonificaciones al gasóleo profesional.

A este primer ajuste le sucedió la aprobación de una de las grandes promesas de Rajoy, el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que fija un déficit cero para todas las administraciones e impone límites de gasto y mecanismos de control, bajo pena de sanción.

El 13 de enero se anunció esta norma constitucional que actualmente está ya en vigor y que además limita la deuda de las administraciones autonómica al 60 % de su PIB.

Sin embargo, para seguir haciendo compatible la política fiscal española con las exigencias de la Unión Monetaria, el Gobierno continuó con la aprobación de nuevas medidas tributarias.

Así, en doce meses ha modificado el impuesto de Sociedades para incrementar los pagos fraccionados, y ha elevado el importe mínimo del 8 % al 12 %, al tiempo que ha limitado las deducciones para las grandes empresas.

Ha ajustado la tributación por plusvalías obtenidas a corto plazo y ha decidido suprimir la deducción fiscal por compra de vivienda habitual a partir de 2013, al igual que el tipo superreducido del 4 % para la compra de vivienda nueva, que pasará al 10 %.

Tampoco se han librado las Loterías, ya que Hacienda ha fijado un gravamen del 20 % sobre estos premios y sobre los sorteos organizados por la Cruz Roja y la ONCE, que comenzarán aplicarse a partir de enero.

No obstante, el varapalo más duro para el ciudadano llegó el 11 de julio, cuando el Ejecutivo subió el tipo general del IVA del 18 % al 21 % y del 8 % al 10 % en el caso del reducido, mientras que mantuvo el 4 % como tipo superreducido para productos de primera necesidad.

Con el alza del IVA el Gobierno pretende recaudar cerca de 22.100 millones de euros hasta 2014 (2.300 millones más en 2012, 10.134 millones en 2013 y 9.670 millones de euros en 2014).

Pero además, el incremento de los ingresos tributarios ha sido complementado con una "regularización de activos ocultos", que pretende recaudar este año 2.500 millones de euros y que en la práctica supone una amnistía fiscal parcial puesto que todas aquellas que rentas que afloren antes del 30 de noviembre serán gravadas a un tipo único del 10 %.

Por otro lado, el Gobierno ha intensificado la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida con una nueva Ley que limita el pago en efectivo en operaciones de 2.500 euros, y establece la obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero.

Además, está en trámite parlamentario la modificación del Código Penal que prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal y eleva el plazo de prescripción de las infracciones más graves de 5 a 10 años.

Estos ajustes fiscales han quedado plasmados en los presupuestos del Estado de 2012 y 2013, que contemplan este año un ajuste entre ingresos y gastos de 27.300 millones y de 13.118 millones de euros en 2013, aunque posteriormente se han visto incrementados con los ajustes en sanidad y Educación. Y es que todas las partidas se han recortado a excepción de las pensiones.

Ruth del Moral