Rubalcaba dice que los bancos no pueden estar por encima del derecho a una vida digna
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho hoy que la moratoria a los desahucios aprobada por el Gobierno es "claramente insuficiente" porque "deja fuera a miles de familias" y ha alertado de que los intereses de los bancos no pueden estar por encima del derecho "a una vida digna".
En una entrada publicada en su página de Facebook, Rubalcaba asegura que las medidas acordadas ayer por el Consejo de Ministros no abordan el "fondo del problema", no prevén que en el futuro no vuelvan a repetirse las mismas situaciones y dejan de lado la cuestión fundamental: "que la gente pueda pagar sus créditos".
"Que una mala racha no condene a una familia de por vida. Que tenga una nueva oportunidad de rehacerse. Que no pierda su casa. Y eso no se consigue con los parches que ayer anunció el Gobierno, sino con una nueva Ley Hipotecaria", subraya.
Para Rubalcaba, la reforma de la Ley Hipotecaria debe acabar con los "abusos" de las entidades financieras y con la "debilidad" de los ciudadanos en los procesos de ejecución hipotecaria.
La reforma debería abordar también, a través de la renegociación, que una situación sobrevenida, como la pérdida del trabajo, un "golpe de mala suerte", una enfermedad o un cambio en la situación familiar, conduzca a que alguien pierda su casa por no poder pagar la hipoteca.
"Se trata de que los particulares puedan hacer lo mismo que hacen las empresas, los propios bancos, incluso los Estados: renegociar sus deudas", destaca el líder del PSOE que insiste en que los "intereses de los bancos no pueden estar por encima del derecho de todas las personas a tener una vida digna".
Pese a la falta de acuerdo con el Gobierno, el líder del PSOE avanza que su partido seguirá negociando con el Ejecutivo y que se reunirá con las instituciones y colectivos vinculados al drama de los desahucios, como el resto de grupos parlamentarios, ayuntamientos, jueces y plataformas ciudadanas.
El Gobierno aprobó ayer un decreto urgente que paraliza los desahucios durante los dos próximos años y establece un mandato para crear un "fondo social de viviendas", una bolsa de viviendas que podrán ser alquiladas a bajo precio a personas que han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca.
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