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FRAUDE FISCAL

El Congreso endurece el fraude fiscal en el Código Penal y lo envía al Senado

EFE

El proyecto de reforma de la ley orgánica del Código Penal, que endurece las penas de delitos fiscales y contra la Seguridad Social y prevé responsabilidades penales para partidos y sindicatos, ha sido hoy aprobado en el Congreso, con lo que pasa al Senado para continuar su tramitación.

El dictamen, aprobado gracias a los votos de PP, ha recibido el rechazo de grupos como el PSOE, que ha advertido de que la norma es "probablemente inconstitucional", además de una "chapuza jurídica" y una "desvergüenza política y social".

Pero el portavoz parlamentario de Justicia del PP, José Miguel Castillo, ha recalcado que se trata de una reforma "importante y necesaria" al hacer más difícil el fraude y "endurecer el reproche penal que merece" a través de "mecanismos de respuesta firmes".

Castillo ha recordado que en un contexto de "grave crisis" como el actual el fraude a la administración pública se sitúa en torno a los 70.000 millones de euros anuales, lo que equivale a algo más del 6 % del PIB.

Por este motivo, ha instado a grupos como el PSOE y la Izquierda Plural a "explicar" por qué no quieren que se exijan responsabilidades a los que cometen fraude.

Pero el portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, ha acusado al PP de "populismo y demagogia" y ha tachado de "auténtico despropósito" que se implante "la amnistía para la delincuencia de cuello blanco" y se "criminalicen" conductas reprochables pero que no deberían a su juicio tipificarse como delito.

La modificación del Código Penal incluye un nuevo subtipo de delito agravado para las "conductas más graves" en el ámbito fiscal y contra la Seguridad Social, que pasan a ser sancionadas con una pena máxima de seis años de cárcel y que prescribirán en un plazo de diez años (frente a los cinco actuales).

EFE

Además, el proyecto del Ejecutivo introduce una "rebaja importante" de la pena para quienes reduzcan el perjuicio causado a Hacienda regularizando los activos ocultos en el plazo de dos meses después de recibir la citación judicial o colaborando en la identificación de otros responsables.

EFE

Esto, para Villarrubia, es una "depurada ideologización de los débiles frente a los poderosos" en la que "bastará pagar para no ser delincuente", lo que ha definido como "ejemplo magnífico del Código Penal para millonarios".

"Lo que van a aprobar es probablemente inconstitucional, pero en todo caso es injusto e inmoral dar impunidad a los delincuentes y grandes defraudadores y la criminalización, por primera vez en la historia de este país, de los trabajadores, los desempleados y los pensionistas".

También el portavoz en el debate de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha lamentado que "en vez de abordar una política seria contra la corrupción y el fraude hagan una ley de publicidad engañosa y propaganda" que además resulta "clasista y criminalizadora".

"No acaba entre rejas quien defrauda 118.000 euros a la Hacienda española, y sin embargo acaba entre rejas quien compatibiliza una chapuza con una prestación, lo cual es reprochable, en cualquier caso", ha asegurado.

En respuesta a estas palabras, Castillo ha destacado que "dicen que se criminaliza a trabajadores, desempleados y pensionistas, pero se sanciona a quienes engañan para obtener una prestación indebida".

"¿Ese es el concepto que tienen de esos colectivos, que son unos estafadores?", les ha preguntado el portavoz del PP, que ha garantizado que en todo caso "los profesionales de la chapuza no irán a la cárcel, pagarán una multa".

Por otro lado, Castillo ha considerado que "no es de recibo que partidos políticos y sindicatos estén exceptuados de las responsabilidades penales que tienen el resto de las personas jurídicas de derecho privado en España; esto es un privilegio y tenemos la firme determinación de acabar con él", motivo por el que el PP ha aceptado una enmienda de UPyD sobre el tema.

Además ha recordado la disposición por la que se reforma la ley electoral para que no puedan ser elegidos aquellos que sean sancionados por la comisión de infracciones graves.

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