Los jueces apoyan un informe para "humanizar" la ley hipotecaria rechazado por el CGPJ

Los jueces reunidos en Barcelona han hecho hoy públicas las conclusiones de las sesiones de trabajo que han celebrado desde el lunes, a las que han asistido 46 decanos de toda España que representan a cerca de 2.000 togados, según ha destacado la decana de Barcelona, Maria Josep Feliu.

El resultado de las jornadas es un decálogo de propuestas "para una justicia en tiempo de crisis" que se abre con una reivindicación para reformar la ley hipotecaria -lo que en opinión de los jueces constituye un "clamor" social- y con críticas al CGPJ por haber desdeñado el informe que elaboraron siete jueces con medidas para hacer frente a los desahucios.

Los decanos reclaman una reforma de la ley que conceda a los jueces un margen de maniobra para "suavizar" las ejecuciones hipotecarias cuando concurran situaciones personales excepcionales -como desempleo o cargas familiares-, la ampliación del Código de Buenas Prácticas o el fomento de la mediación hipotecaria.

"No queremos ser meros cobradores del frac", ha dicho el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, que ha lamentado que el aumento "exponencial" de la litigiosidad provocada por los procesos de ejecución hipotecaria" supone un "drama" ante el que los jueces no son insensibles, aunque no esté en sus manos "reinventarse normas jurídicas" para combatirlo

En esa línea ha insistido el decano de Valencia, Pere Viguer -uno de los autores del informe rechazado por el CGPJ-, que cree que con la ley hipotecaria actual "el margen de maniobra del juez y del deudor es prácticamente nulo", lo que impide la concesión de moratorias o aplazamientos en los desahucios.

Viguer ha considerado "extraordinariamente positiva" la reunión de hoy entre PP y PSOE para tratar de la posibilidad de establecer moratorias a los desahucios y ha celebrado el "vertiginoso" cambio producido en España en apenas diez días respecto a ese debate.

En ese cambio de orientación ha enmarcado la posición del CGPJ, cuyo vicepresidente, Fernando de Rosa, se mostró el pasado lunes partidario de una reforma de la ley hipotecaria, aunque Viguer ha precisado: "lo cierto es que el informe sigue sin estar aprobado".

El informe sugiere aumentar el porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles en subasta -fijado ahora en el 60 % de su valor de tasación-, ampliar las posibilidades de defensa del deudor, permitir la aplicación de moratorias, limitar los intereses de demora -restringidos en los créditos al consumo pero no en las hipotecas- o aceptar la dación en pago.

La reforma de la legislación, según los jueces, debe hacerse "con urgencia" atendiendo a las excepcionales circunstancias económicas que atraviesa España, y, en ese sentido, Viguer ha apuntado que podría modificarse por la vía del decreto ley, mecanismo por el que se aprobó precisamente el Código de Buenas Prácticas para la banca.

El aumento de ejecuciones hipotecarias está sobrecargando de trabajo los juzgados, por lo que otra de las medidas que plantean los decanos es aumentar las tasas a las sociedades mercantiles, que copan el 40 % de los litigios, frente a las que el Gobierno tiene previsto implantar, que creen "claramente desproporcionadas".

También reclaman más medios para investigar los casos de corrupción, facilitando que los instructores puedan dedicarse en exclusiva a ese tipo de delitos, según el decano de Málaga, José María Páez.