La crisis golpea más duro a los inmigrantes, que sufren más paro y menos prestaciones e ingresos

Son las principales conclusiones del informe "Impactos de la crisis sobre la población inmigrante" que ha elaborado, a partir de fuentes oficiales, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el colectivo Ioé para "rescatar de la invisibilidad" a este colectivo y reivindicar el mantenimiento de las políticas a favor de la integración.

Precisamente, los autores del estudio han hecho esta petición también por el aumento de las percepciones negativas de la población española sobre la incidencia de la inmigración en el mercado laboral.

Los autóctonos se encuentran divididos en tres grupos: los que rechazan la inmigración, que suponen el 37 por ciento, aunque este porcentaje no se ha incrementado especialmente con la crisis; los que la toleran (33 por ciento) y los que se encuentran indecisos (30 por ciento).

Éste último grupo es el que más preocupa a la OIM, ya que están más cerca de los que son reacios a la inmigración que los que la toleran.

Han aumentado los que están de acuerdo con la expulsión del país de los 'irregulares' (del 12 por ciento en 2007 ha pasado al 20 por ciento en 2010), de quienes abogan por devolver a sus países de origen a los que han cometido delitos (del 68 por ciento al 73 por ciento) e incluso a los que lleven mucho tiempo desempleados (del 39 al 43 por ciento).

Desde que comenzó la crisis, entre 2008 y 2011, se han perdido 2,2 millones de empleos, pero, según el informe, mientras que un 11,5 por ciento de los trabajadores españoles perdieron su puesto, entre la población inmigrante afectó al 15 por ciento de los asalariados de América Latina y el resto de Europa y al 21 por ciento de los africanos.

La tasa de paro de este colectivo, el africano, se situó en el mismo periodo en el 39,1 por ciento, el doble que la de los autóctonos, que alcanzó el 18,4 por ciento, y son los africanos los que salen peor parados, ya que el desempleo afecta a casi el cincuenta por ciento de los residentes en España (49,3 por ciento).

La cifra también es alta para los extranjeros no comunitarios -que en el informe también incluye a los búlgaros y rumanos- (32,8 por ciento) y son los latinoamericanos el grupo menos afectado (28,5 por ciento), según el informe, que ha sido presentado por la representante en España de la OIM, María Jesús Herrera, y el investigador del colectivo Ioé, Walter Actis.

Desde que comenzó la crisis, ha aumentado la proporción de empleo indefinido de baja calidad -como el fijo discontinuo y a jornada parcial- y son las mujeres las más afectadas por estas circunstancia: por cada cien trabajadores a tiempo parcial que no encontraban empleo a tiempo completo, 21,8 por ciento eran mujeres inmigrantes frente al 11,8 por ciento de autóctonas.

El desempleo afecta de forma intensa tanto a los jóvenes españoles como a los inmigrantes (46 por ciento y 49 por ciento, respectivamente) y son de nuevo los africanos los que más lo padecen.

Respecto al salario medio, la diferencia entre autóctonos y extranjeros residentes se ha ampliado con la crisis económica, ya que mientras que el de los primero aumentó un 0,8 por ciento, la de los segundo se redujo un 10,6 por ciento.

Además, según el estudio de la OIM, más de la mitad de los trabajadores inmigrantes no llegaron a ingresar en 2010 una cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual.

Otra consecuencia de la coyuntura económica es que la tasa de pobreza de los hogares inmigrantes (31 por ciento) supera en doce puntos la de la población española menor de 65 años, que se sitúa en el 19 por ciento.

Asimismo, la pobreza extrema ha aumentado en España pero la situación es peor entre los inmigrantes no comunitarios, ya que el 10,8 por ciento de éstos la padece, en tanto que los encabezados por españoles es del 6,7 por ciento.

Cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes con los ingresos habituales y también han disminuido las remesas enviadas a lo países de origen.

Otro de los problemas a los que se enfrenta este colectivo es una menor protección social, debido, entre otros, a que más de la mitad de los trabajadores extranjeros que han perdido su trabajo no habían sido dados de alta en la Seguridad Social.