El Corte Inglés rechaza que el Supremo fije el valor de sus acciones

El Alto Tribunal celebró hoy una vista para dirimir los recursos presentados por el gigante de la distribución y tres de los sobrinos del fundador de la empresa, que llevan enfrentados desde 2005 por la venta de los títulos de la compañía.

Durante la vista, el letrado que representa a El Corte Inglés, Antonio Hernández Gil, aseguró que "los tribunales no están para poner precio a las cosas" y añadió que la Audiencia Provincial de Madrid se extralimitó en sus funciones al "tratar de suplir la función valoradora" del auditor de cuentas designado por la empresa para fijar el precio de sus títulos.

En 2009, ese tribunal obligó al grupo a aumentar los 16,53 millones de euros ofrecidos a los hermanos al considerar que no era "razonable" el precio estipulado por el auditor, Leandro Cañibano, aunque el órgano se negó a fijar un valor.

Para la letrada de los hermanos Areces Fuentes, Alicia Herrador, lo que pretende la empresa con sus peticiones al Supremo es "confirmar el expolio" que han sufrido esos pequeños accionistas y recordó que "todos estamos sometidos a la revisión por los tribunales de nuestras actuaciones, incluido El Corte Inglés".

Los hermanos reclaman 40,6 millones de euros, en función de la valoración hecha en su día por los profesores del IESE José Manuel Campa -antes de acceder a la secretaría de Estado de Economía- y Pablo Fernández, así como por la auditora Mazars.

Para Herrador, que pertenece al despacho Jiménez de Parga, la Audiencia Provincial de Madrid precisamente vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los tres hermanos al no fijar un precio de transmisión.

En su opinión, el tribunal de apelación "contaba con elementos más que suficientes para la fijación de un valor razonable" y sin embargo "generó una grave indefensión" al no pronunciarse sobre esa cuestión.

Uno de los principales puntos de discusión de la vista fueron las valoraciones económicas de las acciones de El Corte Inglés que han aportado cada una de las partes.

La letrada de los Areces Fuentes criticó que "han sido ímprobos los esfuerzos de la contraparte en echar por tierra las valoraciones de nuestros peritos, con la intención de determinar el menor valor posible" de las acciones y "hacer coincidir el valor razonable de El Corte Inglés con el que fijan ellos".

Por su parte, Antonio Hernández Gil defendió que, como el tribunal no puede sustituir el criterio del auditor designado por la propia empresa, debe aceptar ese dictámen.

El enfrentamiento entre tres de los hermanos Areces Fuentes y El Corte Inglés se inició en 2005, cuando los primeros decidieron vender un paquete accionarial y el consejo de administración del gigante de la distribución acordó ejercer el derecho de suscripción preferente.

Para determinar la contrapartida económica, El Corte Inglés designó a un auditor de cuentas, lo que el despacho Jiménez de Parga ha criticado en las diferentes instancias sin éxito.

El cuarto de los hermanos, César Areces Fuentes, llegó a un acuerdo con El Corte Inglés para vender su paquete accionarial, lo que evitó que su pleito fuera resuelto por el Tribunal Supremo.