Suspenden hasta mayo el juicio a 6 vecinos de un inmueble convertido en símbolo contra desahucios

La vista oral, que se ha fijado finalmente para el 22 de mayo a las 10.00 horas, sentará en el banquillo a seis personas por supuestos delitos de usurpación que le atribuye la Fiscalía y de coacciones y amenazas de los que le acusa la inmobiliaria propietaria del inmueble.

Según han explicado a las puertas de los juzgados dos de los procesados, Oliver Fernández y Clara Martínez, el Ministerio Público pide para cada uno de ellos cuatro meses de cárcel, a lo que se suma la solicitud de la inmobiliaria de un año y nueve meses de prisión.

Además se enfrentan a una multa superior a los 2.000 euros por persona y a indemnizar a los propietarios del edificio en otros 40.000 euros.

Tanto Fernández como Martínez se han referido a las supuestas constantes amenazas por parte de la empresa propietaria del inmueble para que abandonaran sus viviendas, pese a tener contratos de arrendamiento que ellos consideraban en vigor.

"Me parece una situación disparatada que los vecinos seamos criminalizados, con lo que hacen hoy los bancos y las inmobiliarias, que son auténticos delincuentes que no cumplen las leyes", ha dicho Clara Martínez, quien ha asegurado con su actuación pretendieron defender en todo momento su derecho a permanecer en sus casas.

El edificio de la Casa del Aire, ubicado en la calle Zenete del Albaicín (Granada), se convirtió en el año 2010 en un símbolo de lucha contra la especulación urbanística en el barrio, para evitar que las dos constructoras que compraron el inmueble lo derribaran para nuevas construcciones a pesar de que aún habitaban en él inquilinos de renta antigua.

Precisamente, un grupo de juristas sevillanos y la plataforma "Stop Desahucios" presentó en junio de este año una querella por acoso inmobiliario por el caso de la Casa del Aire del barrio del Albaicín, que estos colectivos consideraron la primera acción judicial de este tipo que se promueve en Andalucía.

Los vecinos del edificio, especialmente el que aún lo habita, denunciaron que sufrían desde hace años el "hostigamiento" por parte de sus propietarios.

Al respecto advirtieron de que la empresa inmobiliaria buscó constantemente la declaración de ruina del edificio, atacó los suministros básicos, no reconoció el contrato indefinido del vecino que queda, ni aceptó el pago de la renta de los inquilinos y ejerció "presión psicológica" sobre los vecinos.