Cinco mil mineros de AngloGold inician una huelga ilegal en Sudáfrica
"El turno de la noche empezó una huelga ilegal (no siguió los procedimientos legales para convocarla), y los de la mañana tampoco han bajado a la mina", dijo hoy Alan Fine, portavoz de AngloGold Ashanti, en declaraciones publicadas por la agencia sudafricana de noticias Sapa.
Los trabajadores de la explotación reclaman un sueldo de 12.500 rands (unos 1.500 dólares o 1.150 euros), al igual que los mineros de la mina de platino de Lonmin en Marikana, que lograron un aumento salarial del 22 por ciento tras una sangrienta huelga de dos semanas que se cobró la vida de 46 personas.
Los obreros de la mina de platino de Amplats, en la Provincia Noroeste -a la que pertenece Marikana-, se encuentra también en huelga, así como los de la explotación de oro de Goldfields, en la provincia de Gauteng.
El sindicato mayoritario del sector, la Unión Nacional de Minería (NUM, por sus siglas en inglés), advirtió ayer del peligroso precedente de Marikana, que podría animar a otros mineros a embarcarse en violentas huelgas ilegales para lograr resultados similares.
El gremio de picadores de la explotación de Lonmin inició una huelga ilegal el 10 de agosto que se prolongó hasta este martes, y terminó con 46 personas muertas, 34 de ellas por disparos de la Policía en una protesta el pasado 16 de agosto.
El Gobierno de Sudáfrica ha desplegado a la Policía y al Ejército en la comarca minera para detener las manifestaciones ilegales, confiscar las armas de los huelguistas y evitar intimidaciones a aquellos que quieran acudir al trabajo.
La violenta huelga de Marikana ha llevado al presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, a establecer una comisión judicial de investigación que esclarezca las circunstancias de la 46 muertes registradas en el conflicto, y en especial la masacre de los 34 trabajadores a disparos de la Policía.
El Consejo de Ministros anunció hoy que la comisión iniciará sus trabajos el próximo 1 de octubre, en colaboración con la investigación interna que lleva a cabo la Policía, y deberá entregar sus conclusiones en un plazo de cuatro meses.
El equipo se instalará en Rustenburg para facilitar que los familiares de las víctimas, así como los testigos, puedan declarar ante los jueces.
Está previsto que el presidente Zuma firme hoy los términos exactos de esta comisión, sus objetivos y competencias.
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