Seis de cada 10 entidades que vendieron preferentes cometieron irregularidades

El fiasco de las participaciones preferentes es, junto con la salida a Bolsa de Bankia, el asunto más espinoso de la presidencia de Julio Segura al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Segura, que acaba mandato el próximo 6 de octubre, ha querido aprovechar la rueda de prensa de balance de su mandato para anunciar que antes de que finalice el año el organismo habrá abierto expediente a 11 de las 19 entidades que vendieron preferentes entre los inversores minoristas españoles. En la actualidad hay ya abiertos siete procesos sancionadores, dos se abrirán seguramente antes de que finalice el mes de septiembre, y otros dos quedarán prácticamente perfilados para que su sucesor (sobre el que Segura dice desconocer el nombre) los ponga en marcha en el último trimestre de 2012.

La mayoría de los expedientes que se abren se basan en malas prácticas en la comercialización de preferentes (no se hicieron bien los test que debían determinar si los conocimientos financieros del cliente se adaptaban a las características de este producto), aunque también hay algunos fundamentados en errores en los cases de las operaciones (se hacían operaciones de compra/venta al valor nominal del activo y no a su precio de mercado). Los primeros expedientes se abrieron en 2011 y debido al lento proceso que conlleva el nombre de las primeras entidades expedientadas no se conocerá hasta entrado el ejercicio 2013.

Sin citarlo, Segura mandó un recado al ministro de Economía. Luis de Guindos ha llegado a calificar de "error" la venta de preferentes entre pequeños ahorradores, algo sobre lo que el presidente de la CNMV no está de acuerdo ya que es como pedir al supervisor que prevarique. "Es imposible, ilegal, prohibir la comercialización de preferentes a un inversor si se cumplen determinadas condiciones. Para eso habría que cambiar el merco legal español y comunitario", matizó. "La legislación actual impide hacer cosas que es posible que fuesen convenientes".

Si los expedientes abiertos terminan en sanción el importe de la multa está fijado por ley y es un porcentaje (no superior al 5%) sobre el valor de la emisión. "Las entidades financieras estarían dispuestas a pagar una multa aún mayor con tal de que su nombre no saliera a la luz. Más que un perjuicio económico, el coste verdaderamente importante es reputacional", destacó Segura. En este sentido, el presidente de la CNMV dijo que las sanciones que se puedan imponer no tienen como objetivo resarcir de posibles pérdidas económicas a los inversores, "sino lanzar un mensaje de disciplina al mercado para que los emisores se ciñan a las buenas prácticas de comercialización". Debido al impacto en la reputación de la entidad expedientada, Segura sería partidario de modificar la legislación vigente para que se conociera el nombre de la entidad investigada desde el momento en que se le abre el expediente.

El sucesor de Segura deberá afrontar una patata caliente nada más llegar al cargo. La CNMV decidió suspender el pasado mes de julio las ventas en corto (apuestas bajistas) sobre los valores españoles cotizados. El veto expira el próximo 23 de octubre y Segura sería "partidario" de levantar esta medida si la mejora en las condiciones de mercado que se vive en las últimas semanas se mantiene dentro de un mes. El presidente del supervisor cree que debido al número de asuntos en la mesa del nuevo presidente hubiera sido conveniente que el Gobierno hubiera nombrado ya al menos un vicepresidente de la Comisión (el que había, Fernando Restoy, fue nombrado subgobernador del Banco de España) "para facilitar el traspaso de poderes".

Segura puso punto final a su intervención ante la prensa con un balance positivo de su mandato. "Me voy con la sensación del trabajo bien hecho dados los medios y la legislación vigente que teníamos. La CNMV ha hecho frente a sus responsabilidades de una manera cabal".