Argentina pide consultas en la OMC con la UE por las restricciones al biodiésel

Fuentes diplomáticas informaron hoy a Efe de que la solicitud se formalizó en una carta remitida a la OMC por el representante permanente de Argentina ante este organismo, el embajador Alberto D'Alotto, en la que expone que la normativa aprobada en España en abril pasado sobre importación de biodiésel es discriminatoria.

La normativa es una orden ministerial que regula la asignación de producción de biodiésel para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes y que establece que para el mismo solo podrá tenerse en cuenta el biodiésel producido enteramente en plantas ubicadas en España o el resto de la UE.

El embajador argentino expuso ante la OMC que esta normativa y su aplicación "impondrán una discriminación entre el producto de origen europeo y el de otros orígenes, que implicaría de hecho una prohibición a la importación de biodiésel extracomunitario".

Esto dejaría al producto argentino, según los representantes del país, "totalmente fuera del mercado".

"Argentina entiende que la orden ministerial española infringe las obligaciones de este país (España) y de la Unión Europea contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1994", argumentó el embajador D'Alotto.

La medida española, agregó, es además "inconsistente" con el Acuerdo sobre Medidas de Inversión del Comercio (MIC).

El representante argentino subrayó que su país ha desarrollado desde 2007 uno de los sectores de producción de biodiésel más eficientes del mundo, consolidándose como primer exportador mundial.

Según sus datos, la UE es el mercado exportador más importante y España el principal comprador de ese mercado.

En 2011, las exportaciones argentinas de este producto alcanzaron los 2.100 millones de dólares, de los cuales 1.900 millones provinieron de la UE y más de 1.000 millones de España.

La petición de consultas por parte de Argentina se enmarca en la tensión comercial existente entre Buenos Aires y los países europeos -especialmente España- que han acusado reiteradamente al Gobierno de Argentina de promover políticas proteccionistas.

El pasado 25 de mayo, Bruselas denunció ante la OMC esas restricciones, en una medida que se estudiaba desde hacía tiempo y que se aceleró tras la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de nacionalizar la petrolera YPF.