Pablo Ruz ordena bloquear una cuenta suiza de Ángel de Cabo relacionada con Marsans

Así lo han informado fuentes jurídicas después de que el magistrado haya recibido un informe de la Unidad de Delincuencia de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que vinculan esos fondos con el Grupo Marsans.

Las mismas fuentes han precisado que Ruz había solicitado a Suiza información de varias cuentas en el marco de la causa en la que investiga el destino de casi 300 millones de inversores de Nueva Rumasa dado que el empresario De Cabo y otros dos colaboradores adquirieron en septiembre de 2011 a la familia Ruiz Mateos el grupo de empresas, la mayoría en concurso de acreedores, por un euro cada una de ellas.

Las autoridades de Ginebra respondieron que entre ellas se había encontrado una a nombre de De Cabo con unos fondos que ascendían a 4,9 millones de euros.

De esta forma, el juez reclamó a la UDEF un informe sobre el origen de la citada cuenta, la cual, según la Policía, no guardaría ninguna relación con Nueva Rumasa pero sí con el Grupo Marsans ya que De Cabo, a través de la sociedad Posibilitum Business, se hizo también con el control del grupo turístico justo antes de que fuese declarado en concurso en junio de 2010.

No obstante, según las fuentes consultadas, el informe en ningún momento cita al expropietario del conglomerado turístico, Gerardo Díaz Ferrán.

Por este motivo, el magistrado se ha inhibido a favor de su compañero Eloy Velasco, que sigue una causa contra los antiguos dueños de Marsans, Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, fallecido recientemente.

Por su gestión al frente de Marsans, los antiguos y nuevos propietarios se encuentran imputados acusados de un delito de apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de los clientes.

Además, Meliá, Viajes Iberojet y AC Hoteles han presentado una querella contra los antiguos gestores de Marsans por un presunto delito de alzamiento de bienes.

A fin de evitar que Díaz Ferrán se desprenda de bienes ante un posible embargo, el juez Eloy Velasco ordenó recientemente a las autoridades del Puerto de Barcelona que bloqueasen el yate del expresidente de la CEOE para evitar que la embarcación se trasladase fuera del territorio europeo y pudiese ser vendida.

Por otro lado, centenares de estos inversores de Nueva Rumasa interpusieron ante la Audiencia Nacional una querella contra miembros de la familia Ruiz-Mateos y posteriormente contra De Cabo y sus dos socios en Nueva Rumasa, Iván Losada y Fernando Lavernia, por presuntos delitos, entre otros, de blanqueo de capitales y insolvencia punible y administración desleal.