Indios desocupan las obras de una polémica hidroeléctrica en la Amazonía brasileña

Los indios dejaron el sitio Pimentel, principal lugar de las obras a orillas del río Xingú, en la localidad de Altamira (estado de Pará), tras dos días de negociaciones con los responsables de Norte Energía, consorcio que construye la represa, según informó la compañía en un comunicado.

La empresa se comprometió a construir cinco puestos de atención de la estatal Fundación Nacional del Indio (Funia) y dos de vigilancia en las aldeas indígenas y también aceptó acometer una serie de medidas de mitigación de los efectos de las obras con carácter de emergencia, según la nota.

La constructora también va a donar una veintena de vehículos para las aldeas indígenas afectadas y va a costear la formación de dos conductores por cada aldea, según explicó una portavoz de Norte Energía a Efe.

Además, se acordó la creación de dos comités integrados por representantes de los indios, uno dedicado a monitorar el caudal del Xingú a partir de la represa, y otro que velará por el cumplimiento por parte de la constructora de los compromisos ambientales y de atención a los pueblos nativos.

Belo Monte, que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, comenzó su construcción en marzo del año pasado en la localidad de Altamira (Pará), con la resistencia de los indios, agricultores, pescadores y ecologistas, que están preocupados por su impacto en la Amazonía.

Los indios ocuparon el sitio Pimentel el pasado 21 de junio, paralizando las obras en las que trabajaban 2.500 trabajadores, según cálculos de Norte Energía.

La gigantesca represa, que no entrará en funcionamiento antes de 2014, inundará un área de 503 kilómetros cuadrados, lo que afectará directa e indirectamente a 66 municipios.

El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, asegura que la obra no va a afectar directamente a ninguna tierra indígena.

Belo Monte tendrá una capacidad de generación media de 4.571 megavatios hora y alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú y va a necesitar inversiones de cerca de 10.600 millones de dólares, según cálculos del Gobierno.