Entre la cautela y el temor, las comunidades esperan conocer los nuevos ajustes

El pasado 2 de julio, el también presidente del PP, Mariano Rajoy, reclamó a las comunidades autónomas un "mayor esfuerzo" y anunció nuevas medidas económicas para los próximos meses.

Aunque muchos de los responsables autonómicos han eludido esta cuestión, principalmente los del PP que, en todo caso, estiman que son imposiciones de Bruselas, otros han expresado la imposibilidad de hacer más recortes, en una encuesta realizada por Efe.

Ese llamamiento a apretarse aún más el cinturón ha soliviantado a la Generalitat de Cataluña: el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, recetó una "cura de adelgazamiento" al Ejecutivo central y el presidente, Artur Mas, culpó de la puesta en marcha del tercer plan de ajuste al impago de las deudas derivadas del Estatuto, así como a compromisos presupuestarios desatendidos.

El consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, ha pedido a Rajoy concreciones y se ha preguntado por qué se ha dirigido expresamente a las comunidades autónomas, cuando éstas acumulan tres puntos de déficit frente a los cinco de la Administración central, mientras que el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, adelantó el rechazo de la Junta a más recortes en sanidad, educación o privatizaciones.

Para el consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, también tienen que concretarse más los ajustes y ha señalado que, oficialmente, a su Gobierno no le han pedido una "segunda vuelta o segundo ajuste".

Paulino Rivero, presidente de Canarias, entiende que si a las autonomías se les pide un "mayor esfuerzo" las van a asfixiar y ha pedido equidad entre las administraciones a la hora de hacer sacrificios.

La portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendía, ha pedido a Rajoy que no actúe con precipitación a la hora de pedir más esfuerzos y ha precisado que Euskadi ya ha hecho suficientes desde 2009 para la contención y reducción del gasto público.

Incluso, el lehendakari, Patxi López, ha acusado al Gobierno central de invadir el autogobierno al tratar de implantar en Euskadi los ajustes en sanidad y educación, y le ha instado a decidir entre "presupuestos saneados o imposición de recortes".

La Generalitat Valenciana cumplirá "con lo que el Estado diga a rajatabla y con toda lealtad", ha dicho el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, quien ha recordado que la comunidad "ya hizo los deberes" en su momento, en referencia a los recortes de personal y de servicios ya aplicados.

Para la Comunidad de Madrid es "ineludible" que el conjunto de las administraciones públicas cumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2012 y se ha referido a los ajustes adicionales que ha tenido que hacer, sin descartar buscar "oportunidades" para reducir el gasto y prestar los servicios públicos de una manera más eficaz en el futuro.

La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí, ha señalado que todos son conscientes de que hay que seguir reformando y que la pertenencia a un "club que se llama Unión Europea" obliga a "muchas cosas, como el control del déficit público y ajustar los servicios a las perspectivas de ingresos".

En Extremadura, su vicepresidenta, Cristina Teniente, cree que las exigencias de reducción de déficit son "absolutamente inexcusables" para la recuperación económica, aunque desde la Consejería de Economía y Hacienda eluden pronunciarse hasta que se conozcan las cuantías y a las partidas que afectarán.

El Gobierno de Murcia no se plantea tomar nuevas medidas de reequilibrio presupuestario y prefiere esperar al tercer trimestre del año para conocer los resultados del plan económico financiero en marcha en la comunidad desde primeros de mes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no es muy explícito con este asunto, aunque deja la puerta abierta a hacer más esfuerzos para bajar el déficit en casi seis puntos, del 7,3% al 1,5%.

El PP de esta comunidad quiere introducir nuevos ajustes en el gasto público regional con medidas voluntarias para el personal funcionario y estatutario y, al tiempo, posibilitar a la Junta para reducir hasta un 15 por ciento la jornada y la retribución del personal interino de la Administración castellanomanchega.

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, ha considerado positiva la petición de Rajoy, al haber vivido "por encima de nuestras posibilidades", y ha considerado que autonomías como la suya, con una gestión "más razonable", tienen menos dificultades que las que se han construido como un "miniestado".

El vicepresidente segundo de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha apostado por cumplir con el déficit, con independencia de las decisiones nacionales que se tomen, ya que los ajustes estarán en relación con el cumplimiento del déficit.

Galicia asegura que cumplirá el objetivo de déficit sin rebajar salarios, ni subir impuestos, mientras que el de Castilla y León no se ha expresado al respecto.

Desde los gobiernos de Cantabria y Baleares han declinado responder hasta que no se presenten las medidas.