Reparar la injusticia de "los borrados" puede llevar a Eslovenia a la ruina

La sentencia del pasado martes condenó a Eslovenia por discriminación, al privar tras la independencia de la antigua Yugoslavia a más de 25.0000 habitantes de sus derechos de ciudadanía.

En febrero de 1992, decenas de miles de ciudadanos de la antigua Yugoslavia que residían en Eslovenia dejaron de existir jurídica y administrativamente al ser borrados de los padrones y listados oficiales, y de la noche a la mañana se convirtieron en extranjeros.

Ese acto significó que los afectados perdieron sus documentos de identidad, sus empleos, el derecho a la asistencia sanitaria, la ayuda social y la jubilación, y a sus hijos se les retiró el derecho a la educación.

A esas personas que han pasado por una odisea burocrática y un infierno legal para recuperar sus derechos, se les ha conocido popularmente como "los borrados".

Según Amnistía Internacional, de los 25.000 "borrados" en el censo de 1991, 13.000 no han recuperado sus derechos y muchos "viven en precarias condiciones sociales y materiales".

Aunque la sentencia condena a indemnizar con 20.000 euros sólo a las seis personas que interpusieron la demanda en la corte europea, explicita que las más de 25.000 personas afectadas deben de recibir una reparación.

"Puedo decir que Eslovenia no tiene ese dinero, no lo tenemos ni para necesidades urgentes", comentó el primer ministro conservador, Janez Jansa.

A su vez, el ministro de Economia, Radovan Zerjav, evaluó que la sentencia ha puesto al Gobierno en un "callejón sin salida".

"Si multiplicamos los 20.000 euros que el tribunal ha determinado para cada uno de los seis, por el número de los borrados, llegamos a unos números espeluznantes, que el Gobierno no puede cubrir con el presupuesto que tiene a su disposición", declaró.

Los medios y analistas citan números diferentes, según las estimaciones, y que van de los 200 a los más de 800 millones de euros. Toda una fortuna para el pequeño país balcánico de dos millones de habitantes.

Matevz Krivic, exjuez del Tribunal Constitucional y miembro de la Iniciativa Civil de Activistas Borrados (CIIA), declaró a Efe que no es posible determinar aún la posible suma total que Eslovenia debería pagar para corregir la injusticia, ya que la situación varía de caso a caso.

"Algunos estuvieron borrados sólo durante unos meses antes de que sus derechos fueran reconocidos, otros tuvieron que esperar 10 años, y otros 20 años, así que es difícil hacer una evaluación", explicó.

Eslovenia pasa ahora por su más grave crisis económica desde la independencia y a pesar de medidas de austeridad adoptadas el pasado mayo por el Gobierno para ahorrar unos 800 millones de euros, podría ser el próximo país en verse obligado a pedir ayuda europea para recapitalizar sus bancos.

En el pasado Jansa y su conservador Partido Demócrata Esloveno (SDS) fueron los grandes oponentes al plan del Gobierno de centroizquierda de reparar lo sucedido, y no dudaron en calificar de "inventada" la injusticia que denuncian los "borrados".

Cuando Eslovenia proclamó su independencia de la antigua Yugoslavia en 1991 dio un plazo de seis meses, con otros dos adicionales, para que los no eslovenos solicitaran la ciudadanía del nuevo Estado, algo que aprovecharon 170.000 personas.

Miles de residentes sin embargo no presentaron dicha solicitud, según explicaron luego, por falta de la información adecuada.

Los conservadores alegaron que quienes no pidieron la ciudadanía eslovena dentro de plazo no lo hicieron porque esperaban que las fuerzas yugoslavas ocuparan el país y acabaran con las ansias independentistas.

En consecuencia, los "borrados" fueron también objeto de diversos maltratos y ofensas y muchos de ellos abandonaron Eslovenia.

Los Gobiernos posteriores a 1992 no acataron ni siquiera la decisión del Tribunal Constitucional, que en 1999 calificó aquel acto de anticonstitucional, aunque varios cambios legislativos restituyeron poco a poco a la mayoría de los "borrados" sus derechos, pero sin indemnizaciones.

"Si el Gobierno no ofrece a tiempo una adecuada propuesta, vamos a pedir las indemnizaciones directamente de Estrasburgo", comentó a Efe una representante de la Asociación de los habitantes borrados de Eslovenia (DIPS).

Por Vesna Bernardic