El Gobierno aprueba el viernes los avales para financiar a las regiones

El Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes el instrumento financiero con el que prevé ayudar a las comunidades autónomas que tienen dificultades para financiarse. Las Gobiernos regionales habían reclamado al Gobierno que pusiera en marcha los hispanobonos —emisión conjunta de deuda por las comunidades y avalada por el Estado— cuanto antes para evitar las exigentes condiciones que imponen los mercados.

Pero el Gobierno estudia otras opciones. Quiere evitar que se diluya las responsabilidades de las comunidades menos austeras. Es decir, no quiere que las que estén en mejor situación se vean perjudicada por la baja calificación de la deuda de las regiones más manirrotas. La fórmula que baraja el ministerio de Economía consiste en un aval del Estado a las comunidades a cambio de que condicionado a que apliquen más medidas de ajuste. Las regiones que se acojan a este sistema de financiación con el aval de Estado tendrán que hacer nuevos recortes.

La secretaria de Estado de Presupuesto, Marta Fernández Currás, explicó que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a contener el déficit público, establece que las “medidas extraordinarias de liquidez” exigen medidas de ajuste y de información extraordinaria.

Fernández Curras descartó una revisión más restrictiva del objetivo de déficit de las comunidades que se beneficien de este mecanismo. “Lo razonable es pensar que si se acogen a estas medidas es porque su salud financiera no va a acorde al cumplimiento del 1,5%. Que rebajen ese objetivo no sería posible ni previsible”, indicó.

Las comunidades autónomas tienen vencimientos pendientes de deuda por valor de 35.800 millones de euros. La mayor parte de esos vencimientos se acumulan en el último tramo del año. Aunque en ese importe se incluyen pólizas de crédito y préstamos a corto plazo, fuentes del sector estiman en 20.000 millones las necesidades de financiación de las comunidades para 2012. A eso habría que sumar la deuda necesaria para financiar el déficit que generarán este año, otros 15.000 millones.

Las comunidades deberán hacer frente a esta situación a pesar de que algunas como Cataluña, Murcia, Castilla La-Mancha o la Comunidad Valenciana tienen la calificación de bono basura, según la última valoración realizada por Moody´s hace un par de semanas.