La banca cubrirá hasta 4.800 millones de créditos malos del Banco de Valencia
El Gobierno pedirá derramas al sector para que pague la reestructuración
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) abrió este martes la subasta del Banco de Valencia, que fue intervenida el 22 de noviembre pasado. El cuaderno de venta de la entidad, antes controlada por Bankia con un 30% del capital y ahora intervenida por el Banco de España, se entregó a un amplio grupo de entidades: Banco Popular, BMN, favoritos en la puja, así como Bankinter, Sabadell, Unicaja, Liberbank, Ibercaja y Santander.
El banco de inversión Nomura ha sido el responsable de realizar el estudio pormenorizado de las cuentas de la entidad. Tras el examen, ha determinado que unos 6.000 millones en créditos, el 27% de la cartera, son de alto riesgo de impago por lo que quedarán bajo un Esquema de Protección de Activos (EPA). Esto supone que hasta el 80% de la morosidad que surja de estos 6.000 millones, unos 4.800 millones, los asumirá el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de la banca, es decir, las entidades que obtendrán el dinero de sus clientes. El 20% restante, los pagará el comprador del Banco de Valencia. En el caso de la CAM el EPA cubrió el 35% de la cartera y con Unnim, el 22%.
El Valencia concentró el 65,8% de los créditos en la construcción, promoción e inversiones relacionadas con el ladrillo. La media en el sector, según el Banco de España, se situó en el 58,2%. La gestión de los riesgos no fue la más adecuada: 1.800 clientes han presentado concurso de acreedores.
El FROB anunció en noviembre que la entidad necesitaba una inyección de 1.000 millones para reforzar su capital, aunque no los desembolsó. Esa cantidad será el mínimo que pedirá el posible comprador, como sucedió con Unnim, adquirido por el BBVA. Además, al Valencia se le concedió una línea de liquidez de 2.000 millones para hacer frente a la posible retirada de dinero de los clientes. Esta liquidez también se puede reclamar al pujar por la entidad.
Los compradores temen pleitos con los accionistas actuales
Pero la mayor dificultad para la subasta de la que fuera filial de Bankia no es financiera. A diferencia de las cajas vendidas hasta ahora, el Valencia es un banco, con junta general de accionistas, que está cotizado y cuya valoración real es cero aunque la capitalización bursátil es de 78 millones. Los pequeños accionistas han prometido “una guerra legal” si no se les reconoce un valor a sus títulos. Su amenaza es intentar bloquear la junta de accionistas si el FROB (que no ha desembolsado el dinero y por lo tanto no tiene las acciones) propone una operación acordeón para llevar la valoración a cero. También amenazan con acciones legales contra el comprador. Su propuesta es que se reconozca un valor al banco a la vez que se admita que necesita ayudas de capital. Ponen como ejemplo a Banesto, cuyas acciones se valoraron en 400 de las antiguas pesetas y luego se concedieron ayudas al Santander tras su adquisición. Las entidades interesadas no quieren que se repita la historia y que los pequeños accionistas pleiteen eternamente.
Por otro lado, el Gobierno ha decidido que seguirán siendo las entidades las que pagarán la reestructuración financiera a través del Fondo de Garantía. Este organismo tiene ahora 2.300 millones de patrimonio, insuficiente para financiar la venta del Valencia y de CatalunyaCaixa. Por eso, Economía exigirá derramas que supongan varias anualidades. Cada año el sector aporta unos 2.000 millones, que supone el 2 por mil de los depósitos. Economía estudió elevar las aportaciones al tres por mil o que el FROB financiara al Fondo de Garantía, pero ha descartado ambas posibilidades.
La medida ha caído como un jarro de agua fría en el sector. Para las entidades de la mitad de la tabla para abajo, la aportación del FGD es un coste importante y si ahora se reclaman derramas, la situación se tensará.
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