El Gobierno desvela un margen extra de 4.000 millones para cumplir con el recorte de déficit

El Gobierno ha garantizado hoy que, pese a un eventual incumplimiento de las comunidades y la marcha atrás en las privatizaciones, cumplirá el objetivo de reducir el déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 6% en 2011. Para ello, según ha revelado la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, el Estado cuenta con un pequeño margen de cuatro décimas. Este colchón proviene, ha añadido, de los ingresos recibidos por la reciente subasta del espectro radiofónico, con la que recaudó 1.800 millones de euros y espera captar otros 200 millones en las próximas semanas, y que sí computan a efectos de déficit; así como por el menor pago por intereses de la deuda, apartado en la que el Gobierno, de forma imprevista, ha logrado ahorrar unos 2.000 millones de euros.

El Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades aunque contempla celebrarlo tras las elecciones

Según ha explicado Salgado, esta cantidad servirá "sin duda" para realizar los trasvases de Tesorería a la Seguridad Social. También garantizan una "capacidad suficiente" en la Administración Central para hacer frente a posibles desviaciones gracias a que hay una situación mejor a la presupuestada con vistas al cierre de 2011.

Las privatizaciones iban a permitir al Gobierno reducir la emisión de deuda pública. No obstante, tras la marcha atrás en la salida a Bolsa parcial de Loterías, primero, y el aplazamiento ayer del concurso de adjudicación de la gestión de Barajas y El Prat deberá volver a los planes originales de emisión de deuda y que pasan por acabar el año con un endeudamiento público equivalente al 67,3% del PIB. Esta era la cifra recogida en los Presupuestos para este año, donde por cierto no han llegado a figurar los ingresos esperados por las privatizaciones.

Aunque el dinero proveniente de las privatizaciones no puede usarse para reducir déficit ya que así lo estipula la UE, sí habrían permitido rebajar la emisión de deuda pública y, por tanto, moderar lo que el Estado paga en intereses. Los fondos de la subasta del espectro, por el contrario, sí se pueden emplear para reducir el desfase presupuestario entre los ingresos y gastos de la Administración Central.

La vicepresidenta también ha anunciado que el Gobierno ha aprobado la concesión de suplementos de crédito y créditos extraordinarios por un total de 4.221 millones de euros. Del total, 3.567 millones de euros se destinarán al Servicio Público de Empleo Estatal por pagos correspondientes a ejercicios anteriores, aunque esta cantidad no tendrá ninguna incidencia a efectos de déficit público dado que ya fueron contabilizados en anteriores ejercicios.

Por el contrario, los 654 millones de euros restantes sí tendrían efecto en el déficit. Por este motivo, el Consejo de Ministros ha aumentado el recorte de gasto en los Ministerios en esta misma cantidad. Entre estos gastos que no estaban recogidos en los Presupuestos se incluyen 124 millones para la renta básica de emancipación -los 210 euros para pagar el alquiler de los jóvenes-, 162 millones para abonar el mayor número de solicitudes de la ayuda a los parados de larga duración, 20 millones para celebrar las elecciones el 20 de noviembre, antes de lo previsto, o 86 millones para prorrogar la misión del Ejército en Libia. Junto a ello, las comunidades se repartirán 260 para dependencia y el pago de sentencias a diversas entidades en concepto de colaboración en la prestación de asistencia sanitaria.

Consejo de política fiscal

Sobre los planes de reducción del déficit de las comunidades, la vicepresidenta ha garantizado que se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el momento "oportuno" y no en la fecha pedida por las autonomías, que apostaban por llevarlo a cabo el 17 de octubre. Asimismo, ha recordado que el año pasado se realizó el 24 de noviembre "para darles una pista", con lo que no descarta que se celebre tras los comicios del 20-N con un Gobierno en funciones.

Junto a la controversia sobre la fecha Salgado ha rechazado también abrir la agenda del consejo a algunos de los temas propuestos por las comunidades. Según ha explicado, varias de estas peticiones han "suscitado la duda" de su departamento, por lo que ha pedido un informe jurídico con el objetivo de "tener la seguridad de que lo que se pide está dentro de las competencias del Consejo de Política Fiscal".

Tras enumerar algunas de estas solicitudes -"hacer un debate, y en su caso adoptar decisiones, sobre las previsiones macroeconómicas para los años 2011 y 2012" o sobre las retribuciones de personal al servicio de las administraciones públicas, entre otras-, ha reprochado que "parece que algunos quisieran que el Consejo se constituya en Parlamento de la nación".

Por el contrario, Salgado ha recordado que es de "obligado cumplimiento" convocar este órgano que, en esencia, es donde las autonomías hablan de dinero, para informar sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad de cada una de las comunidades, así como las medidas que se puedan poner en marcha "en el caso de que haya desviaciones".

Cambio en la metodología del INE

Por último, la vicepresidenta ha salido al paso de algunos análisis que se han publicado en los últimos días debido al reciente cambio metodológico de los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y de los que se podría desprender la desviación del objetivo de déficit.

Así, ha explicado que 15.000 millones de gasto que se computaban en el último trimestre ahora se han repartido entre los dos primeros, con lo que la cifra total del año permanecerá invariable, y no superará el 6% del PIB. Además, Salgado ha añadido que "en pocos días" se harán públicos resúmenes de los planes de equilibrio económico-financiero de las comunidades, de manera que se pueda seguir el compromiso de déficit autonómico.