Los funcionarios interrumpen una reunión de la 'troika' en Atenas

La visita de inspección de los acreedores internacionales de Grecia se ha tropezado hoy con diversas protestas de los trabajadores del sector privado, funcionarios públicos y jubilados, afectados por una nueva ola de recortes y la posibilidad de ser despedidos en los próximos meses. Así, la llamada troika, compuesta por expertos de la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) tuvieron que cambiar el sitio y la hora de su reunión con el ministro de Transporte, Yanis Ragusis, después que un grupo de funcionarios les cerrara el paso.

La troika reanudó ayer los contactos que había interrumpido el 2 de septiembre al considerar que Grecia no cumplía el programa de austeridad para reducir el enorme déficit fiscal, que incluye drásticos recortes de gastos, aumentos de impuestos y un programa de privatizaciones. En el sector de transportes, Atenas se ha comprometido a llevar a cabo una fusión de las diversas empresas, que han ocasionado pérdidas de 150 millones de euros este año, así como a la reducción de su plantilla en un 10 % y la implementación de la liberalización de las licencias en las profesiones de taxistas y camioneros.

El ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, también se ha entrevistado hoy con la troika y con el ministro de la Reforma Administrativa, Dimitris Repas, para repasar los detalles de los proyectos de ley para reducir el sector público en un 30 % hasta 2015, lo que comprende despidos y jubilaciones adelantadas que encuentran la oposición de la población.

Precisamente, los inspectores han pedido al gobierno del primer ministro, el socialista Yorgos Papandréu, que despida inmediatamente a 30.000 funcionarios públicos. Pero Papandreu ha convocado para el domingo un Consejo de Ministros para discutir la posibilidad de poner en reserva a esos funcionarios, una medida pensada como alternativa a los dolorosos e impopulares despidos, que sin embargo tropieza con la legislación vigente.

El Gobierno heleno discute también la decisión asumida ayer por el Consejo de Ministros de establecer un sistema de sueldos único en todo el sector público, lo que deberá reducir hasta un 25 % los ingresos de unos 70.000 funcionarios (entre el 15 al 17 % del total de 900.000), para ahorrar unos 2.800 millones de euros al año.

Incluso los militares retirados se han levantado contra los recortes en sus ingresos, y, por primera vez, un grupo de unos 250 ocuparon hoy unas oficinas del ministerio de Defensa. Según han informado los medios locales, el ministro, Panos Beglitis, se vio obligado a amenazarles con recurrir a la violencia para conseguir que se retiraran.

Por otro lado, la troika ha llevado hoy a cabo un control sin aviso previo a los tribunales de justicia en Atenas y constató que carece del sistema adecuado para acelerar los juicios. Una manifestación de cientos de estudiantes y de alumnos de educación secundaria cerró en la tarde el acceso al centro de Atenas por un par de horas, en protestas contra las reformas en la enseñanza y la austeridad, que ha retrasado la entrega de material escolar.

Por la misma razón los estudiantes han ocupado más de 400 colegios en el país y una centena de facultades de universidades. Los inspectores han pedido también al Gobierno que presente las listas de personal "redundante" de 151 empresas y organismos públicos, para reducir el personal en un 10 %, orden que no ha sido cumplida aún por todos los organismos.

Del informe de los enviados internacionales dependerá si el resto de los socios de Grecia en la zona del euro dan la luz verde al próximo tramo, de 8.000 millones de euros, del préstamo otorgado en mayo de 2010 para ayudar al país heleno a salvarse de la bancarrota. Los inspectores también estudiarán el borrador de los presupuestos estatales para 2012, que se harán basados en las medidas adicionales de ahorros y nuevos impuestos, y que se espera sean tramitados por el Parlamento a partir del lunes para poder ser votados a finales de octubre.