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El juez procede por delito fiscal contra Díaz Ferrán por la compra de Aerolíneas Argentinas

El empresario defraudó 90 millones de euros al no declarar los 272 millones cedidos por la SEPI para pagar la deuda de la compañía

Ni malversación de caudales públicos, ni falsificación de cuentas, ni estafa procesal. La investigación abierta contra Air Comet en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la compra a la SEPI de Aerolíneas Argentinas en octubre de 2001 se ha quedado en un delito fiscal. El juez Eloy Velasco ha dado por finalizada su investigación, que reduce a un fraude a Hacienda de 99.049.520 euros en el Impuesto de Sociedades del que deberán responder tres de sus gestores, entre ellos el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán.

La SEPI vendió su participación del 92% en Aerolíneas Argentinas a Air Comet en 2001 por el precio simbólico de un dólar. En el acuerdo de venta, la sociedad estatal se comprometía a hacer frente a la deuda de la aerolínea que transmitía hasta un límite de 300 millones de dólares. En virtud de ese contrato, la compañía de Díaz Ferrán recibió derechos de crédito por valor de 272,8 millones de dólares cantidad por la que la compañía compradora (Air Comet) debió haber ingresado a Hacienda 99.049.520 euros por el Impuesto de Sociedades.

El delito contra la Hacienda Pública imputado conlleva penas de hasta cinco años de cárcel cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros. Sin embargo, para que se les condene a pena de cárcel debería darse un delito continuado, es decir, que el fraude se hubiera cometido durante varios años seguidos y no por una operación en concreto, como es el caso. Además de Díaz Ferrán, sus responsables serían el entonces presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata Ramayo, y Gonzalo Pascual Arias, de Viajes Marsans.

Velasco descarta el resto de delitos a los imputados. Así, en el caso de la supuesta falsificación de cuentas anuales, el juez asegura que no han aparecido los documentos falsificados ni sus supuestos autores. Respecto a la malversación de caudales públicos, el delito por el que se presentó la denuncia en 2004, y que se basaba en la presunta utilización por Air Comet de los fondos recibidos de la SEPI para aumentar su participación en Aerolíneas en lugar de usarlo para pagar su pasivo, el magistrado afirma que no existió ánimo de lucro por parte de los gestores de Air Comet, un requisito indispensable para la comisión del delito.

El juez también rechaza la existencia de una maquinación entre la SEPI y Air Comet para defraudar al Estado. Esas actuaciones, estaban encaminadas, dice "a desprender a este de empresas con graves problemas de solvencia". La SEPI, según Velasco, solo pretendió "deshacerse de su participación en empresas que constituían un auténtico problema en su gestión con altas probabilidades de aumentar todavía más su endeudamiento", lo que "excluye la intencionalidad criminal" de sus directivos.

Fe de errores
En una versión anterior de esta noticia se afirmaba que la Audiencia Nacional había condenado a los acusados cuando el proceso todavía está en fase de instrucción.