S&P vincula el alto déficit de las comunidades a una norma fiscal laxa

La agencia de calificación de riesgos Standard's & Poor's vincula los excesivos déficits de las comunidades a la laxa legislación del Gobierno central en esta materia, al alto grado de independencia con la que las regiones toman sus decisiones de gasto, a la falta de incentivos para devolver la sostenibilidad a sus cuentas y las escasas herramientas con las que cuenta el Ejecutivo estatal para disciplinar fiscalmente a las autonomías.

En un informe dirigido a inversores, esta sociedad, una de las tres que domina el negocio de la medición de riesgos, recuerda que, a cierre del primer trimestre, las comunidades acumulaban un déficit conjunto equivalente al 2,8% del PIB, cuatro décimas por encima del objetivo fijado por el Gobierno para este periodo y con importantes desfases en la mayoría de ellas. En su opinión, esta "desviación moderada" es consecuencia de que la legislación "no promueve esfuerzos de consolidación fuertes", por lo que advierte de que si el esfuerzo de ajuste no avanza a mayor velocidad es por culpa de "las debilidades de las reglas fiscales españolas".

En concreto, la agencia apunta a tres factores concretos. Primero, porque "las regiones tienen un alto grado de autonomía de gasto y responsabilidades de alta sensibilidad política que tienden a impulsar el gasto". En segundo lugar, porque "tienen bajos incentivos a reequilibrar de forma rápida sus desequilibrios fiscales mediante recortes de gastos dolorosos y aumentos de impuestos" y, por último, porque "el Gobierno Central tiene herramientas insuficientes para inducir un grado fuerte de disciplina a nivel regional".

Por estos motivos, S&P augura un "camino lento" para que España regrese a los límites de déficit impuestos por la UE, por lo que insta a promover incentivos que animen a las comunidades a arrimar el hombro. Según el plan de estabilidad remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Bruselas, está previsto volver a cumplir con el 3% a finales de 2013 tras cerrar este año en el 6%.

El Gobierno publicó los datos sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades en el primer trimestre el pasado mayo y, hasta finales de agosto, no publicará el balance registrado entre abril y junio. La comunidades y su papel en los esfuerzos del conjunto de administraciones por reducir el déficit han cobrado relevancia tras las acusaciones lanzadas por el PP tras su victoria en los pasados comicios regionales de que había déficit oculto y más deuda de lo anunciado en algunas comunidades.

Para garantizar que las comunidades cumplirán también con los objetivos de déficit marcados, el Ejecutivo central está buscando un acuerdo para fijar por ley el techo de gasto de las regiones, aunque deben ser ellas mismas las que lo aprueben para que sea vinculante.

Además, las advertencias de la agencia llegan en un momento en el que la presión de los mercados ha llevado a la deuda española a máximos desde que el país entró en el euro por, precisamente, las dudas sobre si será capaz de reducir el déficit en tiempo y forma.