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Balance anual del BdE

La reforma de pensiones recorta un 5% la prestación media

El Banco de España valora la ley que retrasa de 65 a 67 años la edad de jubilación.- El gasto previsto crecerá un 40% menos con los cambios

Los nuevos parámetros del sistema de pensiones provocarán una caída del 4,7% en la pensión media cuando esté completamente implantado. Ese es el cálculo que ofrece el Banco de España en su informe anual de 2010, muy similar al que realizó el Gobierno en la memoria económica de la reforma de pensiones. El supervisor toma como base a los jubilados que accedieron a esta condición en 2008 y les aplica los parámetros que regirán el sistema de pensiones en 2022, cuando todas las medidas funcionen a pleno rendimiento. El resultado es una caída cercana al 5% respecto de lo que percibirán esos mismos jubilados con las reglas de 2008.

Pese a realizar la estimación, el Banco de España advierte de que no es directamente trasladable a las pensiones futuras. "Esta reducción no puede tomarse como una estimación del impacto de la reforma sobre las pensiones futuras, dado que, entre otros aspectos, los individuos podrían modificar su comportamiento, aumentando, por ejemplo, su participación en el mercado de trabajo, como consecuencia de la reforma". Es decir, que si el futuro pensionista sabe que va a cobrar menos, podría decidir seguir cotizando para mejorar su prestación. Esa decisión supone, en cualquier caso, una rebaja de lo que el jubilado llega a cobrar durante sus años inactivos, pues estos se reducen.

De las reformas que ha acometido el Gobierno, la de pensiones es una de las más celebradas por el Banco de España. El proyecto de ley, según el supervisor, avanza en dos direcciones que considera correctas: el retraso en la edad de jubilación (de 65 a 67 años, aunque con algunas excepciones) y una mayor correspondencia entre las cotizaciones abonadas y las pensiones recibidas (aumentando de 15 a 25 el número de años cotizados que cuentan para calcular la prestación). Con esos dos pilares, se consigue "un ahorro importante del incremento del gasto previsto", por lo que la reforma "supone un paso importante para aliviar los efectos del envejecimiento de la población". El análisis se incluye en un capítulo especial dedicado a las pensiones dentro del informe de 2010.

Ese ahorro implica, para el Banco de España, frenar un 40% el aumento de recursos destinados a las pensiones de aquí a 2060. Es decir, un ahorro equivalente a 2,5 puntos del PIB. La cifra es inferior a los 3,5 puntos que estimaba el Gobierno, pero se explica porque el Banco de España no cuantifica el llamado factor de sostenibilidad, que introduce un ajuste quinquenal en los parámetros del sistema en función de la esperanza de vida. A ese factor, que en principio debe ir variando las reglas del sistema a partir de 2027 según las perspectivas de vida de la población, el Ejecutivo le atribuye 1,5 puntos de PIB. El Banco de España constata que los efectos de la reforma "podrían ampliarse por la activación del factor de sostenibilidad". De asumir la proyección del Gobierno, el ahorro estimado por el Banco de España sería incluso mayor que el del Ministerio de Economía.

En ese factor de sostenibilidad insiste el supervisor para pedir que se active cuanto antes. "La pronta definición de este factor de sostenibilidad y el adelanto de su aplicación sobre la fecha prevista (2027) [...] evitarían sucesivas tandas de negociaciones sobre la adaptación de los parámetros, que tan difíciles resultan de acordar". Así, el Banco de España aboga por empezar mucho antes a ajustar las bases del sistema (la edad de jubilación, el periodo de cómputo...) a la creciente esperanza de vida, lo que implicaría jubilarse después de los 67 años que ahora se establecen. El texto cita otros países europeos donde ya existen mecanismos similares: Finlandia, Italia, Portugal y Alemania.

Respecto a la edad de jubilación real, el Banco de España cree que la reforma supondrá un aumento de 1,1 años sobre la actual (63,5 años). Es decir, que la edad media será, "de cara al futuro", cercana a los 65 que ahora figuran como referencia legal y que se mantendrán para todos aquellos pensionistas que puedan acreditar 38,5 años de cotización a esa edad.