Empresarios asfixiados y cobradores 'con maletín'

Marina, una empresaria que prefiere no dar su nombre ni detalles de su empresa, se encontró un día con que su principal cliente, del que procedían la mitad de los ingresos de su pyme, dejó de pagar. Era 2009 y el cliente era el ayuntamiento de una gran ciudad. Marina, su hermano y su madre, dueños de esta empresa familiar, vivieron entonces una cadena de acontecimientos que ha dado un giro a su situación económica: al no cobrar, dejaron de pagar los sueldos de los empleados así como a Hacienda y a la Seguridad Social. Ante esta situación, ambos organismos públicos embargaron sus ingresos y sus empleados les denunciaron. "Para hacer frente a todos los gastos tuve que malvender mi piso, céntrico y con terraza, en una semana". Han pasado dos años y no quiere volver a tener entre sus clientes a un organismo público (que finalmente pagó, pero con 15 meses de retraso). Los ingresos de la empresa han pasado de 60.000 euros mensuales a 18.000. En lugar de 12 empleados tiene 3. Quiere vender la empresa y cambiar de vida.

Las administraciones públicas tardan en pagar una media en 157 días, más que en 2009, cuando tardaban 154 días

El la web de Mercadeuda empresarios asfixiados pueden poner a la venta sus deudas

"El plazo legal de una deuda puede que prescriba, pero el moral no", dice el gerente de El monasterio del cobro

Detrás de algunas deudas hay un empresario a punto de echar el cierre y despedir a sus empleados. El retraso en los pagos es, junto a la restricción del crédito, uno de los grandes problemas de miles de pymes y autónomos españoles, en especial de los que dependen de multinacionales con poder negociador o de alguna administración pública. En España las empresas tardan casi el doble de la media europea en cobrar: 103 días frente a 60.

Una ley para acortar los plazos

En 2010, se aprobó una Ley para acortar los plazos de los pagos en las operaciones comerciales. El objetivo es que en 2013 el plazo máximo sea de 30 días para los pagos de la Administración y de 60 para las operaciones entre empresas privadas, aunque la aplicación será paulatina: en 2011 el plazo máximo es de 85 días, en 2012 será de 75.

Sin embargo, la propia ley reconoce que las empresas pueden llegar a acuerdos privados que diverjan de lo que marca la normativa, lo que traduce en el incumplimiento de estos plazos. Según un reciente estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), un lobby empresarial de una treintena de instituciones sectoriales que representa a cerca de un millón de empresas, el 64% de las firmas tiene actualmente contratos o acuerdos comerciales con clientes que les exigen plazos de pago superiores a los 85 días legales. Emili Barba, de Acebsa, una empresa que fabrica hilo de cobre para fabricantes de motores y transformadores, es optimista: "A nosotros los retrasos nos afectan horriblemente porque el cobre se compra en Bolsa en el acto, así que terminamos haciendo de banqueros de nuestros clientes, pero la cosa va mejorando".

Desde que la ley entró en vigor se han acortado los tiempos de pago, que han pasado de 101 días en 2009, a 93 en 2010. Más grave es la situación de quienes dependen de las administraciones públicas, que tardan en cobrar una media en 157 días (más que en 2009, cuando la media era de 154 días). Los ayuntamientos y demás administraciones locales son quienes más tardan, seguidas de las Comunidades Autónomas y la Administración central.

En total, en 2010 el ratio de morosidad de las empresas españolas (el porcentaje de impagos respecto al total de facturación) fue del 5,1% (en 2009 era el 5%). La media de la UE es del 2,6%. Rabel Barón, presidente de la PMcM, recuerda la importancia de que la ley se acompañe de un régimen sancionador. Que eso suceda es el próximo objetivo de este lobby.

Un 2% de deudas incobrables

La crisis, una vez más, ha empeorado este panorama. El morosólogo Pere Brachfield calcula que un 2% de las deudas entre empresas no se llegan a cobrar nunca. Ante esta realidad, han surgido tímidas iniciativas que intentan minimizar los daños, como el foro Impagados, en el que quien quiera puede consultar con los demás usuarios la fiabilidad de pago de una empresa o autónomo antes de emprender un negocio con él, o el portal Mercadeuda, que no ha cumplido ni un mes y pretende hacer de intermediario entre empresarios asfixiados por las deudas e inversores en busca de altas rentabilidades. En estos momentos una empresa privada ofrece en este foro los 2.130.000 euros que le debe una Comunidad Autónoma por 2 millones de euros "negociables". Y una empresa de Ciudad Real ofrece por 40.000 euros los 84.000 que les debe otra firma de la misma ciudad.

Antes de tirar la toalla y de dar un cobro por perdido, hay colectivos y empresarios (una minoría) que optan por ceder la gestión de sus deudas a cobradores que se disfrazan (con frac, de torero, de zorro...) y suelen llevar un maletín (muchas veces vacío). Aunque gestionan un porcentaje pequeño del total de las deudas, estos cobradores son muy conocidos y merecen una mención especial entre otras cosas porque España es uno de los pocos países donde existe esta modalidad de cobro. "España y Venezuela son los únicos países donde se permite", explica Brachfield. "Su actividad sólo está regulada indirectamente, y los acosados tienen que presentar pruebas, denunciar... Es más complicado". Este tipo de cobradores acumulan denuncias y el pasado 8 de marzo la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía informó de la detención del dueño y dos empleados de una de estas empresas por encerrar en el despacho a un hombre, amenazar con tirarle por la ventana y propinarle patadas y puñetazos.

A pesar de estas noticias, hay quienes les confían sus deudas. Es el caso del dueño de una pequeña empresa vinculada a la construcción (que no quiere dar su nombre) a quien un empresario del sector debe más de 20.000 euros: "Uno acude a estos cobradores cuando ya has apurado todas las posibilidades normales", dice. "Después de darte largas y largas un día ves que quien te debe por un trabajo ya hecho no tiene intención de pagar. Y si por las buenas no te paga, no queda otra opción. ¿Sus métodos? Eso ya no es mi problema. Ellos verán lo que tienen que rascar".

El monasterio del cobro

"Fuera de España no somos ilegales", dice Antonio M. (no quiere dar su apellido), gerente del Monasterio del Cobro, la empresa que hace un año contrató el sindicato de pilotos Sepla para presionar a Díaz Ferrán y que pagase a los empleados de Air Comet. "Nosotros hemos trabajado en Bruselas y en Portugal y no nos ha pasado nada. Aquí no existe ninguna legislación que lo prohíba y lo último es que el Gobierno me diga cómo tengo que ir vestido. ¿El Derecho al honor de los deudores? ¿Y dónde empieza el honor de uno y termina el del otro? ¿Por qué estoy atentando yo contra el honor del deudor si él antes no pagaba a mi cliente?".

En la entrada de las oficinas de esta empresa hay un diminuto jardín japonés y una cámara de vigilancia. Antonio M. explica que tiene 38 empleados "más autónomos", que cobran de media 2.500 euros mensuales: "1.200 euros fijos más comisiones". De su método de trabajo, dice: "Para unos somos beneficiosos y para otros, unos desalmados. La gente nos contrata cuando ya están muy cansados y ven que es muy, muy difícil cobrar. Nosotros hacemos el trabajo sucio porque aquí deber dinero sale gratis. Por teléfono no se puede cobrar, eso es tomarle el pelo a la gente. Hay que ponerse en la puerta de su casa o el trabajo para que sienta vergüenza. Pero tenemos una técnica, no somos unos frikis", dice Antonio, que rechaza la palabra disfraz y recuerda que antiguamente eran los monjes quienes recaudaban el yelmo y que sus trajes son "auténticos; los hace una modista".

"Lo importante es que nunca desistimos", continúa. "El plazo legal de una deuda puede que prescriba pero el moral no. Cuando vemos que alguien no tiene un duro pasamos el expediente al departamento de 'aparcados'. Pero la situación económica de la gente cambia. Así que a los seis meses lo volvemos a abrir. Así hemos cobrado expedientes de más de 15 años".

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