Bruselas eleva sus críticas contra las agencias de calificación

La Unión Europea lleva meses -desde el inicio de la crisis- estudiando cómo regular a las agencias de medición de riesgos, que con las últimas decisiones que han tomado al calor de la crisis de deuda han despertado las críticas de los Gobiernos de los países afectados. El último ejemplo de ello tuvo lugar ayer, cuando Standard & Poor's hundió la calificación de Grecia dentro del nivel de bono basura sin tener en cuenta las duras medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno de Atenas. O al menos esa es la opinión de Bruselas, que ha asegurado hoy que no comparte la opinión de S&P, una de las tres grandes que domina este negocio.

"Nosotros no compartimos esta evaluación", ha respondido el portavoz económico de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj. Si S&P justificó su decisión en el riesgo de que Grecia opte por una reestructuración de su deuda por sus problemas financieros, Altafaj ha criticado hoy que la agencia no ha tenido en cuenta el "programa muy ambicioso de privatizaciones" puesto en marcha por Grecia para reducir su déficit y su deuda. "Tenemos nuestra propia evaluación y no es la misma", ha insistido antes de recordar que es compartida por el Fondo Monetario Internacional, quien participa en el rescate de la República helénica junto a la UE y los países del euro, y el Banco Central Europeo.

El conflicto con las agencias estuvo presente durante el Consejo Europeo celebrado el pasado fin de semana. Entre los Gobiernos afectados no gustó la decisión de las agencias de rebajar en tres escalones de un tirón la deuda de Grecia y uno en España la semana pasada días antes de que estos países anunciaran sus planes de ajuste o reforma. Por las mismas razones, ayer, el propio ministro de Finanzas griego, George Papaconstantinou, denunció que la decisión de Standard & Poor's es "desequilibrada e injusta".

El papel de las agencias quedó en entredicho, primero, por no ver venir la crisis inmobiliaria en EE UU al mantener unas calificaciones altas para las hipotecas tóxicas o subprime y, después, por amplificar la crisis de deuda en la eurozona con sus masivos recortes. "En repetidas ocasiones hemos expresado nuestras dudas, incluso hemos criticado determinados aspectos del funcionamiento de las agencias de calificación de mercado ", ha recordado Altafaj. No obstante, "es evidente que todavía queda mucho trabajo para lograr que el sector sea más transparente y tenga una regulación más estricta", ha reconocido.

La forma de operar de las agencias y su carácter oligopólico ha sido fuertemente censurada por reconocidos académicos como Paul de Grauwe y destacados responsables económicos como el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Shäuble y el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet.

La UE ya ha adoptado sendas directivas desde 2009 para regular la actividad de las agencias de calificación -que las obliga a registrarse- y está preparando una tercera, que debe ser presentada a finales de este verano. No obstante, los cambios han tenido unos efectos prácticos muy decepcionantes. El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, presentó el año pasado una nueva propuesta de mayor exigencia que someterá a las agencias a la plena vigilancia de la nueva Autoridad Europea del Mercado de Valores con el objetivo sobre todo de reducir los posibles conflictos de interés en sus actividades.

Además, hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado un informe sobre el impacto de las decisiones de las agencias. Y las conclusiones son las esperadas: las devaluaciones afectan al conjunto del sistema financiero y que sus anuncios pueden generar inestabilidad.

El estudio, que analiza los recortes de las notas de deuda soberana entre 2007 y 2010, recomienda por este motivo que los países afectados anuncien lo antes posible planes de consolidación que disipen las dudas sobre su supuesta debilidad. Junto a ello aconseja a la clase política a tener preparados planes de contingencia que frenen la extensión de los efectos perniciosos de las rebajas de los países en los bancos, aseguradoras y en sectores no financieros. Por último, aboga por revisar el uso de las calificaciones de riesgo en los mercados financieros.